Un operativo conjunto permitió rescatar a 31 personas, incluidas dos menores de edad, que eran sometidas a explotación laboral en dos establecimientos rurales del departamento 9 de Julio, en la provincia de Santa Fe.

Las víctimas, provenientes de Los Juríes (Santiago del Estero), habían sido trasladadas hasta los campos Santa Ana y La Revancha e Isabelliana SA, donde vivían en condiciones infrahumanas. Según la investigación, trabajaban de lunes a lunes, con jornadas de diez horas y un salario quincenal de unos 300 mil pesos, del cual además se les descontaba la comida. No contaban con agua potable, hacían sus necesidades en tachos y se alojaban en campamentos improvisados.

El operativo estuvo a cargo de la Administración de Regulación y Control de la Actividad Rural (ARCA), la División de Coordinación contra el Trabajo Ilegal y el RENATRE, con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Rafaela. Por orden del juez federal de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, se realizaron allanamientos en los que se secuestraron teléfonos, documentación y un cuaderno con registros de pagos. Dos personas quedaron imputadas.

Los trabajadores rescatados, muchos de ellos sin documentos ni medios de comunicación, fueron asistidos por la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, la Municipalidad de Tostado y el Programa Nacional de Rescate a Víctimas de Trata.

La investigación, que encabeza el fiscal federal Jorge Gustavo Onel junto a los fiscales auxiliares Federico Grimm y Pablo Micheletti, avanza bajo la carátula de trata de personas con fines de explotación laboral.