Un informe sindical calcula que el proyecto impulsado por Javier Milei tendría un impacto fiscal equivalente al 1,27% del PBI en 2026. La cifra supera ampliamente leyes vetadas por el propio Presidente en nombre del “equilibrio fiscal” y reaviva el conflicto con la CGT.

Aunque el Gobierno insiste en que la reforma laboral no compromete las cuentas públicas, un informe elaborado por técnicos de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip) advierte lo contrario. Según esas estimaciones, el paquete de modificaciones tendría en 2026 un costo fiscal equivalente al 1,278% del Producto Bruto Interno, una magnitud que pone en jaque el discurso oficial de austeridad.

Para dimensionar el impacto, el número equivale a seis Leyes de Financiamiento Universitario, una iniciativa que el presidente Javier Milei vetó por considerar que ponía en riesgo el equilibrio fiscal. La comparación también deja en evidencia la inconsistencia del argumento oficial: otras normas rechazadas por el Ejecutivo tenían un costo sensiblemente menor.

El proyecto será tratado en febrero durante las sesiones extraordinarias del Congreso. El debate comenzará en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, donde el oficialismo busca avanzar con rapidez, pero promete escalar en tensión cuando llegue al Senado, un ámbito menos favorable para el Gobierno y con fuerte presencia de gobernadores peronistas y organizaciones sindicales.

Un agujero fiscal con impacto federal

El informe de Aefip detalla que la reforma no solo reduce ingresos del Estado nacional, sino que también afecta a las provincias, ya que varios de los tributos involucrados son coparticipables. El núcleo del problema está en la rebaja de contribuciones patronales, la creación de un fondo de cese laboral y una batería de reducciones impositivas que poco tienen que ver con el mundo del trabajo.

Las contribuciones patronales son la principal fuente de financiamiento del sistema de Seguridad Social. No se trata de recursos de libre disponibilidad: por ley se destinan al pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y al sostenimiento del PAMI. Sin embargo, el proyecto propone reducirlas de manera generalizada para el empleo ya registrado, beneficiando directamente a los empleadores y debilitando el financiamiento previsional.

Según los cálculos sindicales, solo esta medida implicaría una pérdida de 4,65 billones de pesos, equivalente a 0,462% del PBI en 2026. Es decir, por sí sola, tendría un costo fiscal mayor que varias de las leyes vetadas por el Presidente.

Jubilaciones en la mira

El documento advierte que el impacto más grave recaerá sobre jubilados y pensionados. La mayor parte de las contribuciones patronales se canaliza a la Anses, que financia el pago de haberes previsionales. Otra porción relevante sostiene el sistema de salud de los adultos mayores y las asignaciones familiares.

La experiencia histórica no juega a favor del oficialismo. Durante la década del ’90, la reducción de aportes patronales fue una de las columnas del modelo económico, con la promesa de generar empleo. El resultado fue un fuerte desfinanciamiento del sistema previsional que luego obligó a subir impuestos al consumo y, finalmente, a revertir parcialmente la medida en los años posteriores.

Fondo de cese y reminiscencias del pasado

Otro punto crítico del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema de capitalización individual destinado a cubrir indemnizaciones. El sistema se financiaría con un porcentaje de la masa salarial que se compensaría con una nueva rebaja de contribuciones patronales.

Para los empleadores, el impacto sería neutro. Para la Seguridad Social, no. Aefip calcula que esta segunda reducción implicaría otra pérdida de 0,462% del PBI, profundizando el desfinanciamiento previsional. El mecanismo recuerda a las AFJP, que durante el menemismo trasladaron recursos del sistema solidario a cuentas individuales, con consecuencias conocidas.

A esto se suma la ampliación del período de prueba, que pasaría de tres a seis meses —y hasta doce en el caso de pymes—, reduciendo derechos laborales y facilitando despidos sin indemnización.

Una reforma laboral con corazón tributario

El informe también señala que el proyecto incorpora cambios que exceden largamente el plano laboral. Entre ellos, la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, la eliminación del impuesto cedular para rentas financieras y la derogación parcial de impuestos internos en sectores específicos.

Estas medidas, que benefician principalmente a empresas y sectores de mayores ingresos, tendrían un costo adicional estimado en 0,275% del PBI, al que se suman otras rebajas menores que completan el 1,278% total.

También se prevé una reducción del aporte patronal a las obras sociales, lo que implicaría una pérdida adicional de recursos para el sistema de salud sindical.

Más precarización, menos recursos

El proyecto se completa con cambios estructurales difíciles de cuantificar pero de fuerte impacto social: eliminación de multas por trabajo no registrado, legalización del monotributismo con “colaboradores”, banco de horas, negociaciones por empresa y nuevas causales de despido.

Para la CGT y los sindicatos, la reforma no solo precariza el empleo, sino que vacía de recursos al Estado y compromete el financiamiento de derechos básicos. En ese marco, el debate legislativo promete ser uno de los más conflictivos del año y reabre una discusión de fondo: quién paga el ajuste y quién se beneficia con la reforma.