Una nueva controversia se abrió en torno a la planta nuclear de Dioxitek en la ciudad de Córdoba, luego de que un reconocido experto internacional en seguridad nuclear respaldara las denuncias de trabajadores sobre un presunto incidente con material radiactivo dentro del establecimiento.

El científico canadiense Gordon Edwards, presidente de la Coalición Canadiense para la Responsabilidad Nuclear, analizó imágenes del episodio y sostuvo que lo ocurrido en la planta constituye “un derrame radiactivo y químicamente peligroso”.

El episodio está vinculado a la dispersión de polvo de carbonato de uranilo y amonio (AUC), conocido en la industria nuclear como “yellowcake”, un compuesto utilizado en el proceso de producción de pastillas de dióxido de uranio que luego se emplean como combustible en centrales nucleares.

Las fotografías que originaron la polémica fueron aportadas por trabajadores y exempleados de la planta, quienes denunciaron haber quedado expuestos al material durante las tareas de producción. Según Edwards, el compuesto observado en las imágenes es efectivamente radiactivo y, además, presenta riesgos químicos.

“Todos los compuestos de uranio son radiactivos. Estos derrames suelen ser consecuencia de una mala gestión del material y pueden resultar perjudiciales para la salud”, afirmó el especialista tras revisar el material gráfico del incidente.

La planta de Dioxitek, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, es responsable de producir combustibles nucleares utilizados por las centrales atómicas argentinas.

Desde el Gobierno nacional, sin embargo, rechazaron las denuncias y calificaron el episodio como una operación mediática. El actual secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, aseguró públicamente que no se registró ningún accidente radiológico y que la información difundida corresponde a un evento menor ocurrido dentro de áreas controladas.

En una publicación en redes sociales, el funcionario reconoció la presencia de polvo de AUC en las imágenes, pero sostuvo que se trató de un evento previsto dentro del funcionamiento normal de la planta y que el material fue retirado posteriormente mediante procedimientos de limpieza y descontaminación.

Sin embargo, Edwards cuestionó esa interpretación y advirtió que, aun cuando se trate de derrames de baja escala, la presencia de este material representa un riesgo para quienes puedan entrar en contacto con él. Además, señaló que los residuos generados durante la limpieza —como filtros o bolsas de aspiración— deben tratarse como desechos radiactivos y almacenarse bajo protocolos específicos.

La controversia ya se encuentra bajo investigación judicial. La causa es llevada adelante por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian y cuenta con la intervención del juez federal Alejandro Sánchez Freytes, quien autorizó recientemente un allanamiento en la planta para recolectar documentación vinculada al incidente.

Uno de los puntos clave de la investigación será determinar cuándo ocurrió exactamente el episodio. Mientras desde el Gobierno sostienen que las imágenes corresponderían a un evento registrado en 2023, los denunciantes aseguran que el incidente habría ocurrido el 20 de junio de 2024, durante la actual gestión.

Más allá de esa discusión, el especialista canadiense alertó sobre las posibles consecuencias sanitarias de la exposición al material. Según explicó, los efectos sobre la salud pueden manifestarse de forma tardía y estar asociados a exposiciones crónicas, incluyendo daño renal o el desarrollo de cáncer.

El caso reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en la planta cordobesa y sobre la necesidad de determinar si el evento debió haber sido informado públicamente de acuerdo con los protocolos de la Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo encargado de supervisar la seguridad radiológica en el país.