El conflicto entre el Gobierno nacional y las provincias sumó un nuevo capítulo en materia laboral. Seis jurisdicciones reclamaron una defensa más firme del federalismo y de las autonomías provinciales y cuestionaron el funcionamiento actual del Consejo Federal del Trabajo (CFT).

El planteo quedó formalizado durante el cierre del 127º encuentro del organismo, donde representantes de Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego suscribieron un documento conjunto dirigido a la Nación.

Las provincias sostuvieron que el Consejo no puede reducirse a una instancia meramente formal y reclamaron que vuelva a funcionar con reuniones presenciales regulares, tal como establece el marco legal vigente.

Reclamo por las competencias provinciales

El documento fue presentado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, junto con funcionarios laborales de las demás jurisdicciones firmantes.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a las modificaciones introducidas por la Ley 27.802, a las que las provincias atribuyen una interferencia sobre facultades de policía laboral que no fueron delegadas al Estado nacional.

Para los gobiernos provinciales, esta situación se combina con el debilitamiento de las funciones del Consejo Federal del Trabajo y configura un problema más amplio: la pérdida de capacidad estatal para administrar, controlar y fiscalizar las relaciones laborales en el territorio argentino.

Las jurisdicciones recordaron además que este planteo ya fue llevado al ámbito internacional mediante una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Piden que el Consejo vuelva a sesionar presencialmente

Durante el encuentro, que tuvo una modalidad híbrida con actividades virtuales en las comisiones y una instancia presencial en la Ciudad de Buenos Aires, las provincias reclamaron que esta metodología no se transforme en la regla.

El pedido concreto es que se cumpla con la Ley 25.212, que establece el funcionamiento del Consejo Federal del Trabajo y contempla la realización de reuniones con una periodicidad determinada.

Para las jurisdicciones firmantes, la continuidad de encuentros exclusivamente virtuales o de convocatorias que no permitan un trabajo sostenido limita la capacidad del organismo para coordinar políticas laborales entre Nación y provincias.

La intención es recuperar al CFT como espacio institucional de articulación entre las distintas administraciones laborales del país.

Reclamo por diálogo social

Otro de los ejes de la declaración fue la necesidad de reconstruir mecanismos de diálogo social tripartito, con participación efectiva del Estado, las organizaciones sindicales y los representantes empresariales.

Las provincias solicitaron que esas instancias tengan alcance nacional, regional y sectorial y reclamaron que cualquier modificación relevante de la legislación laboral sea discutida previamente con las organizaciones representativas.

El planteo adquiere particular importancia frente al avance de distintas reformas impulsadas por el Gobierno nacional, que las provincias consideran que no pueden implementarse ignorando las competencias jurisdiccionales ni la participación de los actores del mundo del trabajo.

También cuestionan el sistema de inspección laboral

Las autoridades laborales provinciales incorporaron además un reclamo específico sobre la capacidad de fiscalización existente en el país.

En ese sentido, solicitaron una evaluación integral del sistema nacional de inspección del trabajo, incluyendo la cantidad de inspectores disponibles, su distribución territorial y los recursos asignados para desarrollar las tareas de control.

También reclamaron mejorar la coordinación entre los organismos nacionales y las autoridades provinciales, especialmente en materia de inspección y administración laboral.

El objetivo, según el documento, es evitar superposiciones y garantizar que el Estado cuente con capacidad efectiva para controlar el cumplimiento de las normas laborales.

Un nuevo frente entre Nación y las provincias

El reclamo surgido del Consejo Federal del Trabajo vuelve a exhibir las tensiones existentes entre el Ejecutivo nacional y distintas administraciones provinciales.

Para las jurisdicciones firmantes, el debate no se limita a una cuestión administrativa. Consideran que están en juego las facultades originarias de las provincias para intervenir en materia laboral, así como la capacidad de controlar las condiciones de trabajo dentro de sus respectivos territorios.

Por eso, el documento concluyó con un pedido explícito para que se preserven las jurisdicciones y autonomías provinciales previstas por el sistema representativo, republicano y federal.

La disputa por el funcionamiento del Consejo Federal del Trabajo se suma así a otros conflictos entre Nación y provincias y coloca nuevamente a la administración laboral en el centro de la discusión sobre el modelo federal argentino.