La disputa por el futuro de la actividad marítima y fluvial sumó un nuevo capítulo. La Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.) consideró positiva la decisión del Gobierno nacional de suspender los efectos del Decreto 690, que había generado un fuerte rechazo en los gremios vinculados al practicaje y la baquía.

La organización sindical también destacó la creación de una mesa de trabajo destinada a reunir a representantes de los distintos sectores involucrados en la actividad y avanzar en una discusión sobre la regulación de las vías navegables.

Para la Federación, la decisión oficial representa un reconocimiento de la necesidad de discutir las modificaciones regulatorias con quienes desarrollan cotidianamente las tareas en puertos y vías navegables.

Practicaje y baquía, en el centro de la discusión

La Fe.Si.Ma.F. sostuvo que el practicaje y la baquía no pueden ser considerados simples procedimientos administrativos.

Desde la organización remarcaron que ambas actividades tienen una incidencia directa sobre la seguridad de la navegación, la protección ambiental y el control estratégico de las vías navegables argentinas.

Por ese motivo, el gremio consideró que cualquier modificación de sus condiciones de ejercicio debe ser discutida con los trabajadores y especialistas del sector.

La creación de una mesa de trabajo fue recibida como una señal favorable, aunque la Federación dejó en claro que continuará siguiendo de cerca las próximas decisiones oficiales.

El rechazo a la extranjerización del cabotaje

La celebración sindical tuvo, sin embargo, un límite claro. La Fe.Si.Ma.F. cuestionó duramente el proyecto impulsado por el Gobierno para modificar el régimen de cabotaje marítimo y fluvial.

La iniciativa busca introducir cambios en el régimen establecido por el Decreto-Ley 19.492/44, permitiendo que buques de bandera extranjera puedan realizar operaciones de transporte entre puertos argentinos mediante permisos de carácter temporario.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los sindicatos es la modificación de los requisitos vinculados con la nacionalidad de las tripulaciones.

La Federación sostiene que el proyecto podría debilitar la reserva del cabotaje para embarcaciones nacionales y generar condiciones laborales más precarias mediante la utilización de tripulaciones vinculadas a otras banderas.

Alerta por el impacto sobre el empleo argentino

Para los gremios marítimos, el problema no se limita a una cuestión regulatoria.

La eventual apertura del cabotaje a buques extranjeros es presentada como una amenaza directa sobre los puestos de trabajo argentinos y sobre el desarrollo de una Marina Mercante nacional.

La propuesta contempla que embarcaciones extranjeras puedan operar durante determinados períodos con una composición de tripulación que no necesariamente cumpla inicialmente con los requisitos actuales de nacionalidad. El esquema establece una incorporación gradual de personal argentino hasta alcanzar un piso del 75% al cabo de un año.

Desde la Fe.Si.Ma.F. consideran que este mecanismo puede favorecer la utilización de banderas de conveniencia y trasladar al sistema marítimo local condiciones laborales y salariales determinadas fuera del país.

La organización advirtió además que una apertura de estas características podría provocar una pérdida de puestos de trabajo y una mayor dependencia de operadores extranjeros para una actividad considerada estratégica.

Los gremios hablan de un riesgo para la Marina Mercante

La posición de la Federación coincide con las críticas formuladas por otros sindicatos del sector.

Desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo ya habían advertido que la reforma podría afectar seriamente la estructura de la Marina Mercante argentina.

La preocupación gremial apunta a que la pérdida de participación de empresas y trabajadores nacionales no solamente tendría consecuencias laborales, sino también económicas y estratégicas.

El cabotaje constituye una herramienta para transportar producción dentro del territorio y conectar puertos nacionales. Para los sindicatos, resignar ese espacio frente a operadores extranjeros implicaría debilitar una capacidad logística que consideran fundamental para el país.

La Federación también destacó cambios en el proyecto legislativo

En paralelo, la Fe.Si.Ma.F. valoró que en el proyecto de ley que obtuvo media sanción en el Congreso hayan sido retirados los capítulos referidos a la extranjerización de tierras y a modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego.

La organización atribuyó esos cambios a la fuerte oposición política y social que habían generado ambas iniciativas.

Para el gremio, la modificación demuestra que la movilización y el debate público pueden generar correcciones en proyectos que afectan cuestiones consideradas estratégicas.

«Debe ser retirado»

Pese a valorar la suspensión del Decreto 690 y la apertura de una instancia de diálogo, la Fe.Si.Ma.F. mantuvo una posición firme respecto del proyecto de desregulación del cabotaje.

La organización reclamó directamente que ese capítulo sea retirado y propuso que empresarios, sindicatos y legisladores trabajen sobre un esquema alternativo que permita fortalecer una Marina Mercante nacional.

El gremio anticipó además que continuará en estado de sesión permanente y alerta, siguiendo la evolución de los proyectos vinculados con la actividad marítima y fluvial.

La disputa queda así planteada entre dos modelos: una mayor apertura del transporte marítimo y fluvial a operadores extranjeros, defendida por el Gobierno como parte de su política de desregulación, y una estrategia de fortalecimiento de la Marina Mercante argentina que los sindicatos consideran indispensable para preservar empleo nacional, capacidad logística y soberanía sobre las vías navegables.