La cantidad de empresas registradas en la Argentina continúa en retroceso y los datos oficiales reflejan un escenario complejo para el sector productivo. De acuerdo con estadísticas del Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT), más de 28.000 compañías dejaron de operar desde diciembre de 2023, mientras que solo en los primeros cuatro meses de 2026 se registraron más de 5.600 bajas.

Los números muestran que la tendencia no se ha revertido. En abril desaparecieron 1.814 firmas con al menos un trabajador registrado, consolidando una dinámica que viene afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas, responsables de gran parte del empleo formal del país.

Las pymes, las más afectadas

Aunque desde distintos sectores se intentó relativizar el impacto señalando que muchas de las empresas afectadas pertenecen a categorías de menor tamaño, especialistas advierten que las estadísticas deben analizarse con cautela. Una reducción en la cantidad de trabajadores puede modificar la clasificación de una firma sin que necesariamente implique un cierre, pero los registros de bajas empresariales muestran una disminución efectiva del universo de empleadores formales.

Según los datos difundidos, desde el inicio de la actual gestión se perdieron más de 28.200 empresas, equivalente a una contracción cercana al 5,5% del total de compañías registradas en el sistema formal.

Empleo y actividad, en retroceso

La caída del entramado empresarial también tuvo un correlato directo sobre el mercado laboral. Durante el mismo período se contabilizaron más de 340.000 puestos de trabajo registrados menos, en un contexto marcado por la desaceleración del consumo, dificultades de financiamiento y problemas crecientes en la cadena de pagos.

Diversos informes sectoriales señalan que muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan demoras cada vez mayores en el cobro de facturas y un aumento de la morosidad comercial, factores que complican el pago de salarios, cargas sociales y obligaciones impositivas.

Alertas por la cadena de pagos

Estudios recientes muestran que los atrasos en los pagos de clientes se han convertido en una de las principales preocupaciones de las pymes. La proporción de empresas que identifica este problema creció significativamente en el último año, reflejando el deterioro de la actividad económica en numerosos sectores.

A esto se suma el incremento de los plazos de cobro y los incumplimientos contractuales denunciados por empresarios de distintos rubros, una situación que repercute en la liquidez de las compañías y limita su capacidad de sostener operaciones e inversiones.

Reclamos por medidas de alivio

Frente a este panorama, entidades empresariales vienen reclamando al Gobierno herramientas que permitan aliviar la situación financiera del sector. Entre las propuestas aparecen facilidades para regularizar deudas fiscales, reducción de sanciones, suspensión de embargos y programas de financiamiento con plazos más extensos.

Las cámaras empresarias sostienen que la recuperación de las pymes dependerá no solo de la estabilidad macroeconómica, sino también de una mejora en el nivel de actividad y consumo interno. Mientras tanto, los indicadores continúan mostrando una reducción sostenida del entramado productivo y mantienen encendidas las alarmas sobre el futuro de uno de los principales motores del empleo argentino.