En una audiencia pública en el Congreso Nacional, las dos CTA —Autónoma y de los Trabajadores— denunciaron el endurecimiento de la política represiva del gobierno de Javier Milei y la criminalización de dirigentes sindicales y sociales en distintas provincias. La actividad, realizada en el Auditorio de la Honorable Cámara de Diputados, contó con la presencia de referentes procesados por participar en protestas y dirigentes de varios bloques legislativos.

“Una estrategia represiva para sembrar miedo”

Durante la apertura, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, advirtió:

“A medida que se profundiza el carácter brutal y autoritario de este gobierno, se evidencian dos aspectos alarmantes: por un lado, una creciente subordinación a los intereses de Estados Unidos, con la instalación de una base militar en nuestro territorio, y por otro, una estrategia represiva cada vez más violenta, dirigida a sembrar el miedo y desmovilizar a quienes luchan por sus derechos”.

Godoy señaló además que la política represiva se replica en las provincias a través de la llamada “ley anti mafias”, que —dijo— “no combate al crimen organizado sino que busca criminalizar a las organizaciones populares”. Y agregó:

“Se crean nuevas estructuras represivas para proteger los intereses del modelo extractivista, facilitando el saqueo de nuestros bienes comunes y reprimiendo a las comunidades que resisten su avance”.

Yasky: “Se quiso naturalizar la represión”

El secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky, criticó que la Comisión de Derechos Humanos no convocara a debatir la situación:

“Pese a los pedidos, no se ha logrado discutir en el ámbito institucional la denuncia de la represión. Esta actividad busca construir conciencia en la sociedad frente a un debate que se intentó naturalizar. Hoy la política represiva de Milei es ampliamente repudiada”.

Un informe con cifras alarmantes

Durante el encuentro, Jimena Frankel, coordinadora del Monitor de Respuestas Represivas del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, presentó un informe con datos de los 20 meses de gestión de Milei:

• 88 represiones registradas, con 2.534 personas heridas.

• Entre las víctimas: el asesinato de Fernando Gómez en Salta, la pérdida de visión de un ojo de cuatro manifestantes y las graves heridas sufridas por Pablo Grillo.

• 96 allanamientos y desalojos en comunidades de pueblos originarios y movimientos sociales.

• 461 detenciones por participar en manifestaciones o integrar organizaciones populares.

• 236 causas penales abiertas bajo la misma lógica represiva.

“Las fuerzas de seguridad incumplen normativas internacionales sobre uso de la fuerza, lo que deriva en situaciones de extrema gravedad”, advirtió Frankel.

Perseguidos por luchar

Entre los dirigentes criminalizados presentes en la audiencia estuvieron Mónica Gurina y Leandro Sánchez (CTA Autónoma de Misiones), Federico Giuliani (CTA Autónoma de Córdoba), Hugo Aranea (CTA Autónoma de Viedma, Río Negro), y Daniela Calarco Arredondo, detenida el 12 de junio durante las protestas contra la Ley Bases, en una causa que ya fue elevada a juicio.

Las CTA cerraron la jornada con un mensaje común: “Defender el derecho a la protesta es defender la democracia”.