La intervención de la UOM Seccional La Matanza puso bajo análisis una serie de operaciones vinculadas al manejo de los recursos y servicios de la organización. Entre ellas aparece Metalúrgicos de Matanza (MDM), una empresa que comenzó a prestar servicios de salud para los afiliados del gremio poco tiempo después de su constitución y que, de acuerdo con la información que revisa la nueva conducción, habría recibido más de $900 millones en un período de 90 días.

La firma fue creada por Alberto Ramón Otero e Iván Gonzalo Guzmán, quienes previamente se desempeñaban como delegados. Según la información difundida sobre el caso, la sociedad habría iniciado sus actividades con un capital de aproximadamente un millón de pesos y, pocos meses después de su conformación, comenzó a prestar servicios para el sindicato.

Uno de los puntos que genera interrogantes en la auditoría es precisamente la velocidad con la que MDM pasó de ser una sociedad recientemente constituida a convertirse en proveedora de un servicio sensible para los afiliados.

Una empresa creada poco antes de comenzar a operar

MDM se presentó como una alternativa para brindar y recuperar prestaciones de salud para los trabajadores metalúrgicos de La Matanza. Sin embargo, según los antecedentes que ahora son revisados, la empresa no contaba con una trayectoria previa conocida en el sector antes de comenzar a operar para el gremio.

Otro elemento bajo análisis es que la primera factura emitida por la compañía habría tenido como destinatario al propio sindicato.

La intervención busca determinar, entre otras cuestiones, cómo se decidió la contratación, qué servicios fueron efectivamente prestados, cuáles fueron los mecanismos de autorización y facturación y qué relación existió entre los montos abonados y las prestaciones realizadas.

La cifra que aparece en la documentación bajo revisión resulta significativa: más de $900 millones en aproximadamente tres meses, de acuerdo con la información que maneja la intervención.

El vínculo con otras empresas también está bajo análisis

Otro de los aspectos que despierta interés es la relación comercial y societaria que podría existir entre MDM, Grupo Audax y la droguería Generia.

Desde la intervención se encuentran reconstruyendo esos vínculos para establecer si existen conexiones empresariales, comerciales o familiares entre las personas involucradas en las distintas compañías.

En ese sentido, algunas versiones sostienen que habría familiares de personas vinculadas a las diferentes firmas ocupando puestos en empresas relacionadas. Se trata de uno de los puntos que deberá ser corroborado documentalmente para determinar si existieron conflictos de intereses o algún mecanismo de vinculación que haya incidido en la contratación.

También miran el predio de Ciudad Evita

La auditoría no se limita a MDM. Otro de los focos está puesto sobre un predio ubicado en Ciudad Evita, que pertenece a bienes del Estado y que fue entregado en comodato al sindicato.

En el lugar funciona un complejo polideportivo donde se desarrollan distintas actividades.

Según la información que analiza la intervención, existirían cuestionamientos sobre los valores cobrados por algunas de esas actividades y sobre el destino de los recursos obtenidos. Entre las situaciones que se encuentran bajo revisión aparecen la organización de campeonatos de fútbol, el presunto cobro de apuestas y la comercialización de bebidas alcohólicas.

Todos estos aspectos forman parte de una auditoría más amplia destinada a reconstruir cómo se administraron los recursos y los bienes vinculados a la seccional durante la conducción anterior.

La trama que busca reconstruir la intervención

En este contexto, el caso MDM aparece como una de las piezas que la intervención busca encajar dentro de un esquema más amplio de relaciones comerciales y administrativas.

También aparece mencionado en las versiones que circulan en torno al predio el dirigente “Ruso” Gdansky, histórico referente de la UOM La Matanza, cuya eventual participación o influencia en determinadas gestiones también sería objeto de análisis.

Por el momento, los datos forman parte de una revisión interna y deberán ser contrastados con documentación contable, contratos, facturas, registros societarios y demás elementos que permitan establecer responsabilidades concretas.

La pregunta central que intenta responder la intervención es sencilla, pero de enorme peso: cómo una empresa creada poco tiempo antes de comenzar a operar terminó canalizando cientos de millones de pesos provenientes del sindicato y bajo qué condiciones se produjo esa contratación.

La respuesta dependerá ahora de los resultados de las auditorías y de la documentación que permita confirmar —o descartar— las distintas hipótesis que están siendo investigadas.