Hay una mentira que se repite con una facilidad alarmante: que Marta Pascual “está del lado de los delincuentes”.

Es falsa.

La jueza de Lomas de Zamora dijo exactamente lo contrario de lo que algunos sectores intentan instalar. Incluso aclaró públicamente que no está en contra de bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Lo que cuestionó es que se aplique un nuevo régimen penal sin lugares adecuados, sin profesionales suficientes, sin educación, sin oficios, sin tratamiento psicológico y sin una estructura capaz de impedir que el Estado convierta a un adolescente detenido en un adulto todavía más violento.

Eso es lo que incomoda.

Porque la discusión deja entonces de ser “mano dura sí o no” y pasa a ser otra mucho más concreta:

¿Qué piensa hacer el Estado con un chico de 14 años una vez que le cierra la puerta de una celda?

¿Educarlo?

¿Tratarlo?

¿Enseñarle un oficio?

¿Trabajar sobre consumos problemáticos, violencia familiar, exclusión y reincidencia?

¿O simplemente encerrarlo, amontonarlo y olvidarse de él hasta que vuelva a salir?

Pascual puso el dedo exactamente ahí.

Su resolución sostuvo que la Provincia no contaría hoy con infraestructura ni recursos suficientes para absorber el aumento de adolescentes privados de la libertad que generaría la nueva ley. Además, advirtió que hacinar menores y encerrarlos sin educación ni tratamiento puede aumentar la violencia y la inseguridad en lugar de reducirlas.

Y esa discusión debería ser central.

NO ES GARANTISMO: ES EVITAR QUE EL ESTADO FABRIQUE MÁS VIOLENCIA

La derecha más punitivista suele vender una fantasía infantil: que la seguridad termina cuando alguien cierra una reja.

No.

Ahí empieza otro problema.

Un adolescente de 14 o 15 años no desaparece porque ingrese a un instituto.

En algún momento sale.

Y la pregunta responsable es en qué condiciones sale.

La propia Pascual planteó que un joven encerrado sin educación, sin oficio y sin terapia puede terminar a los 18 años en una cárcel de adultos convertida en una verdadera escuela del delito.

Eso no es una defensa del delito.

Es política criminal elemental.

Porque una cárcel juvenil sin presupuesto, sin tratamiento y sin proyecto de reinserción puede terminar funcionando como una picadora social: entran chicos rotos y salen adultos todavía más violentos.

Lo que Pascual está diciendo es brutalmente sencillo:

si el Estado quiere encerrar menores, que se haga cargo de lo que ocurre adentro.

No alcanza con una ley.

Hay que poner plata.

Hay que poner docentes.

Hay que poner psicólogos.

Hay que poner operadores.

Hay que garantizar lugares dignos.

Hay que implementar medidas alternativas.

Hay que controlar.

Y hay que asumir que el objetivo constitucional de un sistema penal juvenil no puede reducirse a castigar por castigar.

EL PROBLEMA NO ES EL FALLO: ES QUE PASCUAL LES ARRUINÓ EL RELATO

La reacción contra la magistrada fue inmediata.

Fiscales bonaerenses anticiparon que continuarían aplicando la ley y cuestionaron el alcance provincial de su decisión. El fiscal juvenil de San Isidro Andrés Zárate llegó a calificarla de “absurda”. Además, la asociación Usina de Justicia denunció penalmente a Pascual por presunta usurpación funcional y abuso de autoridad.

Todo eso podrá discutirse institucionalmente.

Pero políticamente deja una imagen muy incómoda:

una jueza pide condiciones mínimas antes de encerrar más chicos y la respuesta inmediata no es anunciar presupuesto, infraestructura o equipos profesionales. Es ir contra la jueza.

Ahí está el verdadero escándalo.

Porque si realmente quienes impulsan esta reforma están convencidos de que salvará vidas, deberían poder responder una pregunta extremadamente sencilla:

¿Dónde están los recursos?

¿Dónde están los nuevos centros?

¿Dónde están las vacantes educativas?

¿Dónde están los equipos interdisciplinarios?

¿Dónde están los programas de reinserción?

¿Dónde está el seguimiento individual?

¿Dónde están los profesionales?

Pascual pidió precisamente que durante esos 60 días los poderes del Estado definieran quién supervisará a cada adolescente, con qué recursos funcionarán los centros y cómo se implementarán las alternativas al encierro contempladas por la propia ley.

Eso es lo que debería discutirse.

No cómo sacarse de encima a la jueza que hizo la pregunta.

LA “MANO DURA” QUE NO QUIERE PAGAR LA CUENTA

Existe una versión particularmente hipócrita de la política criminal: reclamar cada vez más cárcel mientras se rechaza invertir un peso en lo que pasa dentro de ella.

Después llegan el hacinamiento, las violaciones, las golpizas, los abusos, el consumo de drogas, la violencia entre internos y la reincidencia.

Y todos actúan sorprendidos.

No puede afirmarse seriamente que quienes cuestionan a Pascual “quieren que violen o maten chicos”; atribuir esa intención requeriría pruebas que hoy no existen.

Pero sí puede formularse una acusación política mucho más precisa:

promover más encierro sin garantizar condiciones seguras y dignas significa aceptar un riesgo gravísimo para adolescentes bajo custodia estatal.

Y ese riesgo no es abstracto.

Cuando el Estado encierra a una persona, queda bajo su responsabilidad.

Mucho más cuando esa persona tiene 14 o 15 años.

LA DERECHA PUNITIVA QUIERE UNA FOTO; PASCUAL PIDIÓ UNA POLÍTICA

Es fácil mostrar policías.

Es fácil mostrar patrulleros.

Es fácil anunciar penas.

Es fácil decir “ahora van presos”.

Lo difícil es administrar lo que viene después.

Ahí aparece la diferencia entre propaganda penal y política pública.

Marta Pascual no se quedó con el eslogan.

Preguntó qué institución recibirá al chico.

Quién lo tratará.

Quién lo educará.

Qué ocurrirá durante los años de encierro.

Qué herramientas tendrá cuando salga.

Eso parece demasiado sofisticado para quienes creen que la solución consiste simplemente en meter adolescentes detrás de una pared.

Pero justamente ésa debería ser la discusión.

UNA SOCIEDAD NO SE HACE MÁS SEGURA FABRICANDO ADULTOS MÁS VIOLENTOS

No existe contradicción entre defender a las víctimas y exigir condiciones dignas para quienes están presos.

De hecho, puede ocurrir exactamente lo contrario.

Una mala política penitenciaria genera nuevas víctimas.

Un adolescente que pasa cuatro años encerrado, violentado, sin educación, sin tratamiento y sin herramientas de reinserción no vuelve mágicamente convertido en mejor ciudadano.

Puede volver peor.

Por eso la tesis de Pascual apunta también a la seguridad de quienes están afuera.

Ella misma rechazó que su postura implique romantizar a menores que cometen delitos y afirmó que también quiere seguridad.

La diferencia es que intenta pensar qué ocurre dentro de cinco años y no solamente qué titular funciona mañana.

LA JUEZA QUE PIDIÓ PRESUPUESTO Y RECIBIÓ UNA DENUNCIA

Ésa podría ser la síntesis más brutal de todo este episodio.

Una jueza advierte:

“No tenemos las condiciones.”

Y en vez de aparecer inmediatamente un plan gubernamental detallando cómo serán creadas esas condiciones, aparece una denuncia contra ella.

Eso debería preocupar incluso a quienes consideran equivocado su fallo.

Porque hoy puede ser Pascual.

Mañana puede ser cualquier juez que pregunte por hospitales antes de ordenar internaciones, por cupos antes de disponer alojamientos o por condiciones penitenciarias antes de mandar gente a prisión.

Una Justicia independiente no es aquella que siempre coincide con nosotros.

Es aquella que puede decirle al poder algo que el poder no quiere escuchar.

EL ESTADO NO PUEDE CONVERTIR A LOS CHICOS EN CARNE PARA UNA PICADORA

Un sistema penal juvenil serio tiene una obligación doble.

Debe proteger a la sociedad.

Y debe evitar que el castigo estatal destruya definitivamente a un adolescente.

No son objetivos incompatibles.

Son exactamente el mismo objetivo visto a largo plazo.

Porque reinsertar a un chico también es seguridad.

Educarlo también es seguridad.

Tratar una adicción también es seguridad.

Enseñarle un oficio también es seguridad.

Evitar que sea abusado, golpeado o sometido dentro de una institución también es seguridad.

Lo demás es venganza.

Y una República no debería diseñar su sistema penal con sed de venganza.

Puede discutirse si Marta Pascual tenía competencia para suspender la aplicación de la ley en toda la provincia.

Puede discutirse la extensión de su fallo.

Puede apelarse.

Puede revocarse.

Todo eso pertenece al Derecho.

Pero su pregunta fundamental seguirá ahí aunque mañana un tribunal superior derribe su resolución:

¿van a poner los recursos necesarios para reinsertar chicos o simplemente van a encerrarlos y esperar que sobrevivan?

Ese es el debate que algunos preferirían evitar.

Y quizá por eso Marta Pascual terminó convirtiéndose en el problema.

Porque hizo algo imperdonable para cierta política:

obligó a mirar qué hay detrás de las rejas.