El conflicto universitario volverá a ganar las calles durante septiembre y tendrá un nuevo capítulo nacional en octubre. Tras el fracaso de la reunión paritaria del 1 de septiembre, el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció la convocatoria a una quinta Marcha Federal Universitaria para la primera semana de octubre.

La decisión fue adoptada por el espacio que reúne a los principales gremios docentes y nodocentes, junto con representantes estudiantiles y de las autoridades universitarias. Participan FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, UDA, FAGDUT, CTERA, FUA y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La nueva movilización será el resultado de un plan de acción que las organizaciones desplegarán durante septiembre, en reclamo de una recomposición de los salarios, mayores recursos para las universidades públicas y el cumplimiento de la normativa de financiamiento vigente.

Desde el Frente Sindical señalaron que «la necesidad salarial y presupuestaria no puede esperar» y cuestionaron lo que consideran un proceso de desmantelamiento del sistema universitario nacional.

Paro, clases públicas y protesta frente a Educación

Como parte del cronograma definido, los gremios convocaron a un paro nacional universitario para el martes 8 de septiembre.

Una semana después, el martes 15, realizarán una jornada nacional de clases públicas bajo la consigna de llevar la universidad a las calles. El objetivo será visibilizar el reclamo salarial y presupuestario y mostrar el impacto que tiene la falta de recursos sobre el funcionamiento de las instituciones.

El plan continuará el 17 de septiembre, con un acto frente al Palacio Pizzurno, en el marco de una nueva convocatoria a la paritaria docente y nodocente.

La intención de las organizaciones es utilizar estas acciones como antesala de la Marcha Federal de octubre, aunque el desarrollo del conflicto dependerá de si el Gobierno modifica su posición en las próximas instancias de negociación.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Uno de los principales puntos de conflicto es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con la aplicación de la medida cautelar que, según los sindicatos, obliga a recomponer los salarios del sector.

Los gremios cuestionaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno al considerar que no permite recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años y que tampoco contempla de manera integral las obligaciones derivadas de la legislación vigente.

Desde FEDUN sostuvieron que la normativa establece una recomposición destinada a recuperar el valor de los salarios desde noviembre de 2025. Según sus cálculos, actualmente sería necesaria una recuperación del 32%, a la que deberían agregarse las variaciones de inflación correspondientes a junio, julio y agosto.

En el caso de los docentes preuniversitarios, el reclamo también incluye una suma equivalente al FONID.

Los gremios hablan de una pérdida de entre cuatro y cinco salarios

El Frente Sindical sostiene que el deterioro de los ingresos de docentes y nodocentes se profundizó desde finales de 2023.

De acuerdo con los informes técnicos difundidos por las organizaciones, el sector acumularía un retraso salarial real de entre el 31,2% y el 34% frente a la inflación, una pérdida que los sindicatos traducen en el equivalente de entre cuatro y cinco salarios anuales.

Las organizaciones también reclaman por el retraso en el envío de recursos destinados al funcionamiento de las universidades, las becas y los hospitales universitarios.

En paralelo, insisten con la necesidad de actualizar las Becas Progresar y Belgrano, como parte de una política destinada a sostener la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

El Gobierno defiende su propuesta

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, defendieron la oferta realizada durante la negociación paritaria.

Según la posición oficial, la propuesta representa un incremento del 6% para el bimestre. Al mismo tiempo, ante el anuncio de nuevas medidas de fuerza, el Gobierno pidió que las protestas no afecten «el normal dictado de clases».

La respuesta oficial, sin embargo, no logró desactivar el conflicto. Los gremios ratificaron el paro del 8 de septiembre y el resto del cronograma de movilizaciones, mientras preparan una nueva Marcha Federal para octubre.

Así, el sistema universitario nacional ingresa nuevamente en una etapa de alta conflictividad, con salarios, financiamiento y cumplimiento de la legislación universitaria como los principales ejes de disputa entre las organizaciones sindicales y el Gobierno.