La Justicia dejó sin efecto el concurso preventivo de la empresa controlante de Musimundo y decretó su quiebra. La medida llega después del cierre de 20 locales en el nordeste, con despidos, salarios adeudados y trabajadores que todavía esperan cobrar sus indemnizaciones.

La crisis de Musimundo sumó un nuevo capítulo y volvió a poner a cientos de trabajadores frente a un escenario de incertidumbre. La Justicia decretó la quiebra de Carsa S.A., la compañía que controla la cadena de electrodomésticos, después de revocar el concurso preventivo que la firma había iniciado semanas atrás.

La resolución fue adoptada por el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia, que consideró acreditada la existencia de hechos que evidenciarían un estado de cesación de pagos. La decisión judicial se conoció luego de una fuerte reestructuración de la cadena en el nordeste argentino, donde fueron cerradas 20 sucursales en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

El cierre de esos establecimientos dejó a más de un centenar de trabajadores sin empleo, en un contexto marcado además por reclamos salariales y laborales que todavía no fueron resueltos.

Despidos sin respuestas

La situación de los empleados afectados se volvió especialmente crítica porque, según las denuncias gremiales, en numerosos casos las desvinculaciones se produjeron de manera verbal, sin que los trabajadores recibieran los salarios pendientes ni las indemnizaciones correspondientes.

En distintas localidades del nordeste, los empleados quedaron además sin certezas respecto de la continuidad de su cobertura médica y de otros derechos vinculados a la relación laboral.

En Corrientes, al menos 36 familias quedaron afectadas por los cierres. Desde el sector mercantil advirtieron que la situación se agravó por la pérdida de la cobertura de salud de los trabajadores y sus grupos familiares, incluso en casos que requieren tratamientos médicos de alta complejidad.

En Misiones, la empresa había sido convocada a una audiencia ante el Ministerio de Trabajo provincial para abordar la situación de los trabajadores, pero no se presentó.

El sindicato salió en auxilio

Frente a la falta de respuestas de la empresa, el Sindicato de Empleados de Comercio resolvió otorgar una ayuda económica extraordinaria de $300.000 por trabajador para intentar contener, al menos parcialmente, la emergencia provocada por los despidos.

La organización gremial también reclama que se informe con precisión cuál será el mecanismo para que los trabajadores puedan acreditar sus créditos laborales y participar del proceso derivado de la quiebra.

Ahora, una parte central de la expectativa está puesta en la actuación de la sindicatura y en la posibilidad de que los trabajadores puedan hacer valer sus acreencias dentro del proceso judicial.

Una deuda de $63.500 millones

La caída de Carsa no comenzó con los cierres de las últimas semanas. La empresa ya había atravesado un concurso preventivo en 2018, cuando acumulaba una deuda de aproximadamente $900 millones.

El escenario actual es considerablemente más grave. La deuda incluida en el concurso alcanzaba los $63.500 millones, mientras que los pasivos bancarios rondaban los $3.060 millones.

Entre los principales acreedores financieros aparece el Banco Nación, con una acreencia de aproximadamente $1.549 millones.

La compañía había intentado encontrar una salida mediante la venta de parte de sus operaciones. En ese marco se exploró la transferencia de 45 sucursales a On City, pero las negociaciones no llegaron a concretarse.

El futuro de Musimundo, en manos de la Justicia

Carsa llegó a operar alrededor de 70 locales en el norte argentino, pero la acumulación de deudas, la caída de la actividad y el fracaso de las alternativas para reestructurar la compañía terminaron desembocando en la quiebra.

Ahora será el proceso judicial el que determine el destino de los activos de la empresa y las posibilidades de cobro de los distintos acreedores.

Para los trabajadores, sin embargo, la urgencia es inmediata: recuperar salarios adeudados, indemnizaciones y cobertura social, en un contexto en el que más de un centenar de familias ya sufrieron el impacto directo de los cierres.

La quiebra de Carsa vuelve a mostrar, además, el impacto que atraviesa el comercio minorista y el costo laboral que dejan las crisis empresariales cuando las reestructuraciones terminan trasladándose directamente sobre los trabajadores.