La crisis de Granja Tres Arroyos, una de las principales empresas avícolas del país, llegó al Congreso luego de que comenzaran a llegar los primeros 1.700 telegramas de despido correspondientes a trabajadores de distintas plantas de la compañía.

Representantes de los trabajadores fueron recibidos por diputados y diputadas nacionales de Unión por la Patria, en un encuentro en el que participaron dirigentes de las organizaciones sindicales que representan a los empleados afectados.

Entre los gremios presentes estuvieron representantes de las federaciones y sindicatos vinculados a la Industria de la Carne, Alimentación, Molineros y UATRE, que plantearon ante los legisladores la situación que atraviesan los trabajadores de las diferentes plantas de la empresa.

La reunión puso en el centro de la discusión el impacto laboral y social de la crisis de la compañía, que cuenta con establecimientos en distintos puntos del país.

Denuncian salarios impagos y una crisis que se extiende

La diputada nacional y dirigente sindical Vanesa Siley señaló que la situación afecta a trabajadores de las plantas ubicadas en Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría, Pilar y Concepción del Uruguay.

Según planteó la legisladora, además de los despidos, existen trabajadores que no estarían percibiendo sus salarios, mientras las consecuencias de la crisis empresarial recaen directamente sobre las familias.

Siley cuestionó además el rumbo económico y sostuvo que la combinación de caída del consumo interno, apertura de importaciones y deterioro de los ingresos de los trabajadores genera un escenario especialmente complejo para la industria nacional.

“Detrás de cada despido hay una familia. Y detrás de cada fábrica que cierra, hay un pueblo y una comunidad”, sostuvo la diputada.

Un proyecto para declarar la Emergencia Ocupacional

Frente al escenario planteado por los trabajadores, el bloque de Unión por la Patria anticipó que trabaja en pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo Nacional para conocer las medidas adoptadas frente a la situación de la empresa.

Además, los legisladores preparan un proyecto para declarar la Emergencia Ocupacional en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba, jurisdicciones donde la crisis de Granja Tres Arroyos tiene impacto sobre el empleo.

La iniciativa busca poner el foco no sólo en los puestos de trabajo que se encuentran directamente afectados, sino también en el efecto que una crisis de esta magnitud puede generar sobre las economías regionales y las comunidades donde funcionan las plantas.

El conflicto que mira todo el sector avícola

La magnitud de los despidos convirtió el caso Granja Tres Arroyos en uno de los principales conflictos laborales de la industria alimentaria.

Los sindicatos advierten que la pérdida de puestos de trabajo en una empresa de estas dimensiones puede tener un efecto que exceda a los trabajadores directamente afectados y repercutir sobre proveedores, comercios y otras actividades vinculadas a las plantas productivas.

Mientras continúan las gestiones gremiales y legislativas, los trabajadores esperan respuestas frente a los despidos y los salarios adeudados.

La discusión, que ya llegó al Congreso, abre además un interrogante de fondo sobre el futuro del empleo industrial: qué herramientas existen para evitar que una crisis empresarial termine trasladándose directamente a miles de trabajadores y a las comunidades que dependen de esas fuentes laborales.