Con el calendario electoral corriendo hacia el 26 de octubre, la gran incógnita ya no es sólo si el gobierno llegará a esa fecha en pie, sino qué ocurrirá inmediatamente después. El escenario económico no admite dudas: la crisis está instalada y, gane o pierda en las urnas, el oficialismo deberá enfrentar un cuadro de tensiones crecientes.

La estrategia aplicada hasta ahora por el equipo económico, con Luis Caputo al frente, se centró en mantener al dólar mayorista dentro de la banda de flotación, aún a costa de acumular desequilibrios. La táctica busca llegar a las elecciones mostrando “estabilidad”, aunque detrás se esconden señales preocupantes: una fuga de capitales cercana a los 5200 millones de dólares mensuales, un déficit creciente en el comercio exterior —con importaciones en alza del 31,7% frente a exportaciones que apenas subieron 4,6% hasta julio— y un endeudamiento cada vez más dependiente del FMI y del respaldo de Washington.

El único “logro” que exhibe el oficialismo es haber llevado la inflación mensual a niveles menores al 2%. Pero ese resultado tiene un costo social enorme: recesión en la industria y el comercio, caída del turismo interno, desplome del consumo y pérdida de ingresos de trabajadores y jubilados.

El regreso del “mecanismo infernal”

El economista Jorge Molinero suele describir como “mecanismo infernal” a la tríada que se repite en las crisis argentinas: inflación, deuda y fuga de capitales. Por ahora, el primer elemento parecía bajo control. Sin embargo, todo indica que el 26 de octubre puede marcar el regreso de la inflación como protagonista, completando el ciclo.

Dos presiones inmediatas se perfilan para el día después de las elecciones:

1. El frente cambiario. Con una demanda creciente de dólares y una oferta estancada, el FMI difícilmente apruebe nuevos desembolsos sin exigir una devaluación que frene la sangría.

2. Los compromisos de deuda. En 2026 vencen pagos por 19.400 millones de dólares, de los cuales 6600 millones deben cubrirse en enero y febrero. Aun con refinanciaciones, el peso de los intereses ya compromete la capacidad de pago del Estado.

Cada vez más analistas reconocen que, para sobrevivir, el gobierno se vería obligado a restringir la salida de divisas. El fantasma del regreso del “cepo” aparece en las discusiones económicas con menos pudor que meses atrás.

¿Qué impacto tendría una devaluación?

El traslado a precios (pass through) no sería automático ni total, aunque la historia argentina muestra que las expectativas juegan un papel decisivo. Tras la salida de la convertibilidad en 2002, por ejemplo, una devaluación del 250% derivó en un aumento de precios del 40%. Hoy, con consumo deprimido pero con la memoria inflacionaria fresca, el efecto podría ser significativo.

En cualquier caso, el resultado sería el mismo: un nuevo golpe al poder adquisitivo, más precarización laboral y un salto en la pobreza.

El desenlace

El modelo que el gobierno insiste en sostener, pese a sus grietas, recuerda peligrosamente a la rigidez con que Domingo Cavallo defendió la convertibilidad en 2001. El costo social ya es alto, pero lo más grave podría llegar en los primeros días de noviembre, cuando los vencimientos y las presiones cambiarias pongan al desnudo la fragilidad de la estrategia oficial.

La pregunta que sobrevuela, entonces, no es si habrá crisis, sino qué magnitud tendrá y quién pagará la cuenta.