La Justicia le dio un respiro a los trabajadores del Banco Nación, suspendiendo el decreto firmado por el presidente Javier Milei que buscaba transformar la entidad en una Sociedad Anónima. El fallo, dictado por el juez federal Alejo Ramos Padilla, responde a una demanda colectiva presentada por los empleados del banco, quienes habían solicitado la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/30, que promovía esta modificación en la estructura del Banco Nación.

En su resolución, el juez remarcó que cualquier cambio en el estatus del Banco Nación debe ser autorizado por el Congreso Nacional, ya que se trata de una entidad autárquica cuya creación y regulación están bajo la facultad del Poder Legislativo. Ramos Padilla también cuestionó la legitimidad del DNU, resaltando que la transformación de una entidad pública en una Sociedad Anónima debe ser establecida por una ley formal aprobada por el Congreso, no mediante un decreto presidencial.

Este fallo representa un freno temporal a la intención del Gobierno de avanzar con la privatización del Banco Nación, una medida que había generado preocupación en varios sectores políticos, sindicales y productivos debido a la importancia de la entidad para la economía nacional. Con más de 130 años de historia, el Banco Nación cumple un rol esencial en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas y en el desarrollo económico de las regiones.

Los bancarios celebraron el fallo, destacando que se hizo justicia. Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, expresó su satisfacción en redes sociales, al señalar que la medida cautelar dictada por Ramos Padilla suspende la resolución del Gobierno por los próximos seis meses, mientras se resuelven los planteos sobre su constitucionalidad.

Este fallo refuerza la idea de que las modificaciones en el estatus de entidades estatales deben pasar por el Congreso, consolidando el rol del Poder Legislativo en la toma de decisiones sobre el patrimonio público y limitando el alcance de los decretos presidenciales. Con esta medida cautelar, la Justicia ha frenado, al menos temporalmente, los esfuerzos del Gobierno por avanzar con la privatización de una de las principales entidades bancarias del país.