El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional comenzó a encontrar resistencias también dentro del propio arco empresario. Tres de las principales entidades del sector privado —la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra)— expresaron su rechazo a artículos centrales de la iniciativa oficial y advirtieron que su aprobación podría generar mayor conflictividad y fragmentar el mercado de trabajo.

El posicionamiento quedó plasmado en una nota elevada por la CAME a senadores nacionales, en la que solicitó la eliminación de los artículos 126, 128, 130, 131 y 132 del proyecto. En el documento, la entidad alertó que esas disposiciones introducirían “inestabilidad e incertidumbre jurídica”, además de abrir un escenario de “conflictividad social y legal” tanto para empleadores como para trabajadores.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, confirmó que el planteo fue elaborado de manera conjunta con la CAC y Adimra. Según explicó en distintas entrevistas radiales, las tres cámaras se sienten directamente afectadas por el contenido de la reforma y acordaron una postura común frente a lo que consideran cambios que alteran el funcionamiento institucional del sistema laboral. El alcance del reclamo no es menor: las actividades representadas por estas entidades abarcan a más de 500 mil comercios y fábricas en todo el país y emplean a alrededor de 1,5 millón de trabajadores.

Financiamiento sectorial y negociación colectiva, en el centro del reclamo

Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 126, que elimina la obligatoriedad de las denominadas cláusulas obligacionales de los convenios colectivos. Estas cláusulas permiten financiar organismos y actividades sectoriales, como el aporte del 0,5% del salario al Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap) en el sector mercantil, o el 1% que recauda Adimra para sostener su estructura y los servicios que brinda a la industria metalúrgica.

También generan fuerte rechazo los artículos 128, 130 y 131, que establecen la voluntariedad de los aportes patronales a las entidades empresarias y modifican el orden de prelación de los convenios colectivos. Desde las cámaras advierten que priorizar acuerdos de empresa o de ámbito reducido por sobre los convenios de actividad podría fragmentar el marco normativo laboral, habilitar disparidades salariales y debilitar el principio de “igual remuneración por igual tarea”, además de erosionar la representación tanto sindical como empresarial a nivel nacional.

En tanto, el artículo 132 encendió alertas por las amplias facultades que otorga a la autoridad administrativa para intervenir en convenios colectivos vencidos y suspender sus efectos. Para las entidades empresarias, esta potestad vulnera el principio de ultraactividad y genera un escenario de alta discrecionalidad estatal, con impacto directo en la previsibilidad y la seguridad jurídica.

Gestiones ante el Congreso

Frente a este escenario, representantes de la CAME iniciaron una ronda de reuniones con senadores, integrantes de las comisiones que analizan el proyecto y distintos gobernadores, con el objetivo de que los planteos del sector empresario sean considerados antes de la votación. La decisión de CAC, CAME y Adimra de marcar límites a la reforma expone tensiones dentro del propio bloque de apoyos del Gobierno y suma un nuevo actor crítico al debate por los cambios en el régimen laboral.