La aprobación en Diputados del proyecto que modifica el régimen de Zona Fría generó una fuerte reacción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza a los gobernadores que respaldaron la iniciativa y llamó a impulsar una “condena social” contra los mandatarios provinciales que acompañaron la medida.

Desde el gremio estatal advirtieron que la eliminación parcial de subsidios al gas impactará de lleno sobre millones de hogares en plena llegada del invierno. “¿Cómo pueden avalar que los habitantes de sus provincias tengan que pagar el doble por el servicio?”, planteó Aguiar al rechazar la media sanción obtenida por el oficialismo en la Cámara baja.

El dirigente sostuvo que el deterioro del poder adquisitivo ya alcanzó niveles críticos y consideró que la decisión agravará aún más la situación económica de amplios sectores sociales. Según señaló, el nuevo esquema tarifario profundizará el ajuste en las provincias y podría acelerar los niveles de conflictividad social.

ATE también cuestionó el contenido económico del proyecto aprobado. En particular, Aguiar criticó la inclusión de mecanismos de condonación de deudas para grandes empresas energéticas mientras, según afirmó, se trasladan mayores costos a los usuarios residenciales.

En ese sentido, apuntó contra las compañías distribuidoras de energía y denunció que el Gobierno beneficia a grupos empresarios al tiempo que elimina herramientas de contención para los sectores medios y populares. “Le quitan subsidios a quienes menos tienen mientras perdonan deudas multimillonarias”, resumió el titular del sindicato.

El proyecto aprobado en Diputados modifica el Régimen de Zona Fría y reduce el alcance de los subsidios al consumo de gas en distintas regiones del país. Entre las provincias afectadas aparecen Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy, La Rioja y otras zonas incorporadas durante las ampliaciones del sistema realizadas en los últimos años.

De avanzar la ley en el Senado, las facturas podrían registrar aumentos que, según distintas estimaciones, oscilarían entre el 20% y el 100% dependiendo del nivel de consumo y la región afectada. El universo alcanzado supera los tres millones de usuarios.

El conflicto reabre además la tensión entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales, varios de los cuales acompañaron la iniciativa impulsada por el oficialismo. Desde ATE interpretan ese respaldo como una señal de alineamiento político con el ajuste económico promovido por la administración de Javier Milei.

La conducción nacional del sindicato cerró su posicionamiento con una advertencia política: sostuvo que el impacto social de las medidas ya no recae únicamente sobre el Ejecutivo nacional, sino también sobre gobernadores, diputados y senadores que acompañan las reformas impulsadas por el oficialismo.