La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que avanza en la recopilación de pruebas para presentar nuevas denuncias por presuntas irregularidades en Nucleoeléctrica Argentina S.A. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, confirmó que en las próximas semanas podrían sumarse acusaciones a las ya realizadas por supuestos sobreprecios en contrataciones de servicios y compra de software durante la actual conducción de la empresa.

“Estamos preparando otras denuncias. Hay documentación que todavía se está reuniendo, pero existen elementos suficientes para sospechar que no se trata de hechos aislados”, afirmó Aguiar. Hasta el momento, las presentaciones judiciales apuntan a contrataciones que, según los denunciantes, implicaron pagos muy por encima de los valores de mercado.

El dirigente sindical fue particularmente duro al referirse al contexto general de la administración nacional. Sostuvo que “en apenas dos años de gestión aparecen irregularidades de manera constante en distintos organismos” y advirtió que el caso de Nucleoeléctrica reviste una gravedad mayor por el volumen de dinero involucrado. “Estamos hablando de montos multimillonarios y no se puede descartar un accionar delictivo”, remarcó.

Aguiar cuestionó directamente al directorio de la empresa y a su presidente, Demian Riedel, por no haber brindado explicaciones públicas ni justificaciones técnicas sobre las operaciones observadas. En ese marco, recordó que una de las denuncias refiere a la contratación de un nuevo servicio de limpieza para las centrales Atucha I y II, que implicaría un incremento superior al 140% respecto del contrato anterior. Según explicó, no existieron ampliaciones de superficie, nuevas instalaciones ni cambios operativos que fundamenten ese aumento, además de detectarse presuntas irregularidades en el proceso licitatorio.

La segunda denuncia, presentada de forma anónima para resguardar al denunciante, se centra en la adquisición de un sistema de gestión administrativa. De acuerdo con ATE, la empresa habría desembolsado cerca de 7 millones de dólares por un software cuyas prestaciones serían similares a las del sistema ya existente, valuado en alrededor de 600 mil dólares. “No hay mejoras sustanciales que expliquen semejante diferencia de precio”, señaló el titular del gremio.

Para Aguiar, estos hechos podrían encuadrar en un esquema de corrupción más amplio. “Cuando se paga siete millones por algo que vale una fracción de ese monto, es legítimo preguntarse si no existieron retornos o beneficios indebidos”, sostuvo. Además, advirtió que este tipo de decisiones podrían responder a una estrategia de desfinanciamiento deliberado de la empresa con el objetivo final de avanzar hacia su privatización.

El secretario general de ATE también criticó el rumbo general del Gobierno nacional y afirmó que las políticas implementadas desde el inicio de la gestión “no buscan eficiencia ni ahorro”, sino que terminan debilitando al Estado y afectando derechos básicos de la población. En su visión, el ajuste sobre empresas públicas y servicios esenciales beneficia a sectores concentrados de la economía en detrimento del interés general.

Finalmente, Aguiar confirmó que existen otras investigaciones en marcha impulsadas por juntas internas de distintos organismos públicos. Si bien evitó dar detalles por respeto a los tiempos de los delegados y a la necesidad de completar la documentación, aseguró que las presentaciones continuarán. “Hay más casos en preparación y, cuando estén listos, se van a conocer”, concluyó.