El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 49 ha decidido rechazar el pedido de amparo presentado por la Asociación Gremial de Computación (AGC), que buscaba participar en las mesas de negociación colectiva del sector. En su fallo, el tribunal ratificó la suspensión de la personería gremial de la AGC, un estatus que había sido previamente otorgado bajo la resolución 239/2018 pero que ahora se encuentra en cuestión debido a recursos presentados por diversos sindicatos.

La AGC había solicitado una resolución judicial que obligara a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a convocar a la asociación a las audiencias para conformar la comisión negociadora, conforme al artículo 4 del decreto 200/1988. No obstante, el tribunal desestimó la petición, manteniendo la suspensión de la personería gremial en virtud de los recursos judiciales interpuestos por múltiples organizaciones sindicales, incluyendo la FAECYS, el Sindicato del Seguro, el Sindicato de Publicidad, FOETRA, el Sindicato Argentino de Televisión, la Asociación Bancaria, el Sindicato de Trabajadores de Espectáculos Públicos, FOESSITRA, CEPETEL, Unión Informática (UI), y SUTIRA.

Con la AGC excluida de la negociación colectiva, la Unión Informática (UI), encabezada por Ignacio Lonzieme, continúa siendo la única entidad gremial con capacidad de negociar en el sector. La UI no solo mantiene su exclusividad en las mesas de negociación, sino que también está en proceso de ampliar su representación territorial, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en otras regiones del país.

En cuanto a los acuerdos paritarios, la UI ha logrado firmar pactos con un incremento del 24% trimestral hasta octubre. Sin embargo, el ejecutivo nacional ha indicado que no homologará acuerdos superiores al 2%, una medida que ya ha sido calificada de inconstitucional por los líderes sindicales.

Este rechazo judicial refuerza la posición de la Unión Informática en el ámbito sindical y subraya la tensión existente en la regulación y negociación de los acuerdos laborales en el sector de la informática. La decisión también plantea interrogantes sobre el futuro de las negociaciones y las posibles implicaciones para otros gremios que buscan establecer o mantener su influencia en la negociación colectiva.