La informalidad laboral, que afecta a 4 de cada 10 personas ocupadas en Argentina, fue el eje central del VIII Seminario sobre Economía Informal organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país. El evento, que reúne a más de 200 participantes, abrió este miércoles con la presencia de representantes del sector sindical, empresarial y gubernamental.

Durante el panel de apertura, Gerardo Martínez (CGT y UOCRA), Julio Cordero (Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), y Daniel Funes de Rioja (presidente de la Unión Industrial Argentina) coincidieron en que el diálogo social tripartito —entre trabajadores, empleadores y el Estado— es la herramienta más eficaz para enfrentar los desafíos del mercado laboral argentino.

La directora de la OIT Argentina, Sara Luna Camacho, fue la encargada de abrir el seminario y enfatizó que “el diálogo social tripartito es la principal herramienta para abordar los desafíos y oportunidades en torno a la informalidad, el acceso a la protección social y el desempleo juvenil”.

Desde el sindicalismo, Gerardo Martínez advirtió sobre el impacto de la inflación en el mercado laboral: “Cuando la inflación es más alta, la pobreza será más alta”. También llamó a pensar en un modelo de país orientado a la exportación y con una fuerte alianza entre desarrollo, producción, trabajo y crecimiento.

Por su parte, Julio Cordero sostuvo que “el diálogo social va a permitir encontrar el camino adecuado y llegar a destino”, destacando la necesidad de consensos amplios para avanzar hacia un empleo más formal y de calidad.

En tanto, Funes de Rioja planteó que la solución requiere de una transformación profunda: “El camino a la formalización viene de la mano con el concepto de empresa productiva. Nuestra sociedad ha vivido en las últimas décadas un camino hacia la informalidad, y eso debe cambiar”.

A lo largo del seminario se subrayó que la formalización del empleo no es una meta aislada, sino un proceso que requiere compromiso político sostenido, acuerdos estructurales y políticas públicas integradas. En ese sentido, se llamó a intensificar la cooperación entre los distintos actores sociales para consolidar un mercado de trabajo más justo, inclusivo y resiliente.