Un grupo de diputados del peronismo presentó en la Cámara baja un proyecto de ley destinado a actualizar la normativa que regula el comercio electrónico, con el objetivo de proteger la industria nacional, preservar el empleo y frenar la comercialización de mercadería ingresada de manera irregular al país a través de plataformas digitales.

La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Guillermo Michel, junto a Kelly Olmos, y responde al crecimiento sostenido de las ventas online, un fenómeno que transformó los hábitos de consumo pero que, según advierten los autores del proyecto, opera bajo marcos regulatorios que no se ajustan a la dinámica actual del mercado digital.

El texto propone introducir modificaciones en la Ley de Defensa del Consumidor y en el régimen de Lealtad Comercial, incorporando nuevas obligaciones para las plataformas de comercio electrónico. Entre los puntos centrales, se establece la necesidad de garantizar la trazabilidad de los productos ofrecidos, identificar de manera clara a los vendedores y certificar el origen de la mercadería, especialmente en el caso de bienes importados.

Desde el entorno de los legisladores explicaron que uno de los principales objetivos es impedir que productos de contrabando se comercialicen en entornos digitales bajo una apariencia de legalidad. En ese sentido, destacaron que la iniciativa no busca encarecer las compras online ni generar costos adicionales para los consumidores, sino brindar mayores garantías sobre la autenticidad, seguridad y legalidad de los bienes adquiridos.

El proyecto también introduce el principio de responsabilidad solidaria para las plataformas digitales ante eventuales infracciones, tanto en materia de defensa del consumidor como en obligaciones fiscales y aduaneras. La medida apunta a reforzar los mecanismos de control y desalentar prácticas de competencia desleal que perjudican al comercio formal y a la producción nacional.

Otro eje relevante de la propuesta es el fortalecimiento del rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que contará con mayores facultades para requerir información, realizar inspecciones y aplicar sanciones en casos de incumplimiento. Las multas previstas podrían alcanzar hasta cinco veces el valor de la mercadería involucrada.

En los fundamentos del proyecto, los autores remarcan que la iniciativa busca equilibrar el desarrollo del comercio electrónico con la defensa del entramado productivo local y los derechos de los consumidores. “Adaptar la legislación a las nuevas formas de comercialización es clave para cuidar la producción nacional y el trabajo argentino”, sostienen.

La propuesta inicia ahora su tratamiento parlamentario, en un escenario marcado por el creciente debate sobre el impacto de las plataformas digitales, la evasión fiscal y el avance del contrabando en la economía local.