El Gobierno de la provincia de San Luis, encabezado por Claudio Poggi, dispuso la cesantía de varios empleados públicos de planta permanente, en una decisión que generó fuerte malestar entre los trabajadores afectados y encendió alarmas en el ámbito sindical. Desde la gestión provincial justificaron las bajas al sostener que los empleados habrían presentado certificados médicos apócrifos, aunque los despedidos aseguran que sus descargos no fueron debidamente considerados.
Los despidos fueron formalizados mediante un decreto firmado el 30 de diciembre, poco antes de que el gobernador iniciara su período de vacaciones. Sin embargo, las notificaciones a los trabajadores llegaron recién una semana después, lo que profundizó el clima de incertidumbre y conflicto en distintas áreas de la administración pública.
Se trata de una medida poco habitual, ya que involucra a personal de planta permanente, cuya desvinculación requiere sumarios administrativos exhaustivos y la comprobación fehaciente de faltas graves. Según relataron los empleados afectados, los procedimientos se habrían realizado de manera acelerada y sin garantizar plenamente el derecho a defensa.
“Somos varios los que estamos atravesando la misma situación. Presentamos nuestros descargos, pero no fueron escuchados”, expresó uno de los trabajadores despedidos, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias. La fuente señaló que las cesantías alcanzaron a distintas dependencias, entre ellas el sector de peajes, donde al menos cinco operarios habrían sido desvinculados bajo el mismo argumento.
Versiones enfrentadas
Desde el Ejecutivo provincial aseguran que los certificados médicos presentados por los empleados eran falsos. No obstante, los trabajadores sostienen que actuaron de buena fe y que fueron engañados por quien se presentaba como profesional de la salud. “Así como ellos dicen haber sido engañados, nosotros también lo fuimos”, afirmó uno de los damnificados en declaraciones reproducidas por el Diario de la República.
Según su testimonio, la persona que emitía los certificados se presentaba como médico habilitado, atendía en su domicilio y utilizaba indumentaria profesional. “Nunca dudamos de su condición. Creímos que era un doctor con todo en regla”, explicó el trabajador, que cuenta con más de 15 años de antigüedad en la administración pública y sin antecedentes disciplinarios.
Malestar y clima de ajuste
Los despidos se producen en un contexto de fuerte ajuste sobre el empleo público a nivel nacional y son leídos por los gremios como un alineamiento de la gestión de Poggi con la política impulsada por el presidente Javier Milei. “Con esta decisión, dejaron a familias enteras sin ingresos, pese a los años de servicio y a las explicaciones presentadas”, denunció uno de los afectados.
Mientras crece la preocupación entre los empleados estatales de la provincia, no se descarta que los trabajadores despedidos recurran a la Justicia para impugnar las cesantías y reclamar la nulidad de los sumarios. El conflicto abre un nuevo foco de tensión en San Luis y vuelve a poner en debate los límites del ajuste y las garantías laborales en el sector público.
