El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de suprimir por completo los aranceles a la importación de teléfonos celulares y advirtió que la medida pone en riesgo miles de puestos de trabajo vinculados a la industria tecnológica fueguina. La disposición comenzó a regir esta semana y profundiza el proceso de apertura comercial impulsado por la administración de Javier Milei.

La eliminación de los aranceles fue formalizada mediante el decreto 333/25 y representa la etapa final de un esquema iniciado en mayo del año pasado, cuando los derechos de importación se redujeron del 16 al 8 por ciento. Con la nueva normativa, el gravamen quedó en cero. Desde el Ejecutivo nacional argumentan que la decisión busca aumentar la competencia y provocar una baja de precios cercana al 30 por ciento para los consumidores, aunque admiten que ese efecto no será inmediato.

Desde Ushuaia, Melella puso el foco en las consecuencias sociales y productivas de la medida. “Cada vez que aumentan las importaciones, se pierde trabajo argentino. O mejor dicho, se pierde un trabajador y una familia queda en una situación crítica”, sostuvo el mandatario provincial. En ese sentido, remarcó que, mientras algunos celebran la posibilidad de acceder a celulares más baratos, en Tierra del Fuego “no hay motivos para festejar”.

La industria tecnológica fueguina, basada principalmente en la fabricación y ensamblaje de productos electrónicos, constituye uno de los principales motores del empleo privado en la provincia. El gobernador vinculó la eliminación de aranceles con el deterioro del mercado laboral y señaló que, según la Encuesta de Indicadores Laborales, ya se destruyeron más de 176 mil puestos de trabajo a nivel nacional. Mientras que el empleo cayó un 2,8 por ciento en el país desde fines de 2023, en Tierra del Fuego la contracción alcanza el 9,6 por ciento, un escenario que calificó como “extremadamente preocupante”.

El rechazo a la medida no se limita al ámbito provincial. Cuando el Gobierno anunció la reducción arancelaria en 2025, la Confederación General del Trabajo expresó su oposición y definió la política como un ataque directo a la industria nacional y al empleo. En esa oportunidad, la central sindical también manifestó su respaldo a la Unión Obrera Metalúrgica de Tierra del Fuego y avaló las acciones gremiales que se impulsaran frente a lo que consideró un “atropello”.

Con la entrada en vigencia del decreto, el conflicto vuelve a ocupar un lugar central en la agenda y deja al descubierto la tensión entre la estrategia oficial de apertura económica y reducción de precios, y el impacto concreto que esas decisiones generan sobre el entramado productivo, el empleo y las economías regionales.