La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a los principales movimientos sociales del país, realizará este miércoles una nueva jornada nacional de protesta para exigirle al Gobierno de Javier Milei la actualización urgente del salario social complementario y la restitución definitiva de los programas destinados a trabajadores de la economía popular.

La medida tendrá alcance federal, con movilizaciones y protestas en distintas provincias. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la principal concentración se desarrollará en el Puente Pueyrredón, uno de los accesos clave entre el partido bonaerense de Avellaneda y el barrio porteño de Barracas.

Desde la organización advirtieron que el objetivo de la jornada es reforzar el plan de lucha contra el ajuste social y reclamar una recomposición urgente del ingreso que perciben los trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

“Porque los derechos los conquistamos y defendemos en las calles es que este 7 de mayo fortalecemos el plan de lucha para defender en la calle el pago del complemento salarial de los más de 900.000 trabajadores de la economía popular”, expresó Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP.

La dirigente sostuvo además que el sector reclama la apertura de una “paritaria social” y una actualización inmediata del monto del programa, actualmente fijado en 78.000 pesos.

Reclamo judicial y tensión con el Gobierno

El conflicto se profundizó luego de que el Gobierno nacional decidiera eliminar el pasado 9 de abril la actualización del salario social complementario. Frente a esa medida, las organizaciones sociales presentaron un reclamo ante la Justicia Federal.

La estrategia judicial obtuvo un primer resultado favorable cuando una cautelar ordenó mantener vigente el programa “Volver al Trabajo”, garantizando la continuidad del pago correspondiente a mayo.

Este miércoles se acreditaron finalmente los haberes para cientos de miles de beneficiarios, aunque desde la UTEP advirtieron que la situación continúa siendo crítica y ratificaron el estado de alerta y movilización.

“Acatando este límite legal y ante la incesante presión popular, el Gobierno tuvo que retroceder y cientos de miles de trabajadores finalmente cobraron los haberes correspondientes al mes de mayo”, señaló la organización en un comunicado.

“El ajuste amenaza con empujar a la indigencia”

Desde la UTEP sostienen que la intención original del Ejecutivo era avanzar hacia la eliminación definitiva del programa bajo el argumento de una “reconversión laboral”, algo que —según denuncian— podría profundizar la crisis social y económica en los sectores más vulnerables.

“El intento original del Gobierno Nacional de ejecutar la eliminación definitiva del programa amenazaba con empujar a la indigencia a casi un millón de trabajadores y trabajadoras, provocando un colapso en las economías regionales”, afirmaron desde la organización.

En ese contexto, las organizaciones sociales volverán a ocupar las calles para exigir no solo la continuidad del beneficio, sino también una recomposición frente a la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones de vida en los barrios populares.