Lunes 30 de Marzo de 2026

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La UBA advierte por la fuga de docentes y cuestiona a universidades privadas por exigir exclusividad

El Universidad de Buenos Aires (UBA) encendió una señal de alerta frente a la creciente salida de docentes hacia el sector privado y el exterior. A través de una resolución de su Consejo Superior, la casa de estudios apuntó contra ciertas universidades privadas que imponen cláusulas de “exclusividad absoluta” en sus contrataciones.

Según plantearon las autoridades, esta condición impide que los profesores continúen dictando clases en instituciones públicas, lo que agrava la pérdida de recursos humanos en un contexto ya crítico para el sistema universitario.

Salarios en crisis y fuga de profesionales

El reclamo se da en medio de un fuerte deterioro salarial en las universidades nacionales. Desde la UBA señalaron que los ingresos actuales no logran competir con las ofertas del sector privado ni con propuestas del exterior, que en algunos casos llegan a triplicar o incluso cuadruplicar los sueldos.

Esta brecha genera lo que describen como una “sangría” de docentes, que se ven obligados a abandonar sus cargos en el ámbito público para mejorar sus condiciones laborales.

Cuestionamientos a la “exclusividad absoluta”

En ese marco, el Consejo Superior pidió a las universidades privadas revisar sus políticas de contratación y limitar los requisitos de exclusividad. Según remarcaron, estas prácticas no contribuyen a sostener la calidad del sistema universitario en su conjunto.

“Impedir que docentes continúen en la universidad pública es una señal de falta de cooperación”, sostuvieron desde la institución.

Un sistema en tensión

La UBA también recordó que, en el ámbito académico y científico, la dedicación exclusiva suele contemplar una carga de 40 horas semanales, lo que permite compatibilizar tareas en más de una institución. Por eso, consideran que las exigencias de exclusividad total resultan excesivas y perjudiciales.

El conflicto refleja un problema más amplio: la dificultad de las universidades públicas para retener a sus docentes en un contexto de ajuste presupuestario y pérdida del poder adquisitivo, que amenaza con impactar en la calidad educativa a mediano plazo.

 
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