La Justicia federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir con la recomposición salarial de docentes y nodocentes de las universidades nacionales, en el marco de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

El fallo fue dictado por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, quien dispuso la aplicación inmediata de los artículos 5° y 6° de la norma, referidos a la actualización de salarios universitarios y al monto de las becas estudiantiles conforme al índice inflacionario.

La resolución judicial se produce luego de que el Gobierno nacional suspendiera la vigencia de la ley —aprobada por ambas cámaras del Congreso— mediante el Decreto 795/2025, bajo el argumento de que la normativa no establecía de manera expresa las fuentes de financiamiento.

Un freno judicial a la suspensión del financiamiento universitario

En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto presidencial en lo que respecta a la suspensión de la ley y consideró que existen indicios claros de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. Según expresó, la afectación de derechos constitucionales surge de manera directa del accionar del Poder Ejecutivo, sin necesidad de un análisis prolongado de los hechos.

Desde el CIN señalaron que la suspensión de la ley provocó un deterioro acelerado del poder adquisitivo de trabajadores universitarios, afectó el funcionamiento de las casas de estudio y puso en riesgo derechos fundamentales como el acceso a la educación superior y la autonomía universitaria.

Gremios docentes celebraron el fallo

Las organizaciones sindicales del sector universitario celebraron la decisión judicial y la consideraron un paso clave en la defensa del sistema público de educación superior.

“Este fallo revierte una estrategia del Gobierno que consistió en suspender la paritaria, recortar más del 40% los salarios, becas y gastos de funcionamiento, desconocer leyes del Congreso y hasta intentar derogar la norma en el último presupuesto”, sostuvo Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA.

En la misma línea, Federico Montero, dirigente de FEDUBA y CONADU, afirmó que la cautelar “es un avance en una pelea que el sistema universitario y la sociedad argentina vienen dando desde hace dos años contra un plan sistemático de desmantelamiento de la universidad pública”.

“No vamos a quedarnos mirando cómo destruyen las capacidades de producción de conocimiento del país”, advirtió.

El trasfondo del conflicto

El proceso judicial fue iniciado por el CIN a fines de octubre de 2025, cuando solicitó la declaración de inconstitucionalidad del decreto presidencial y el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario. En la presentación, se argumentó que el incumplimiento estatal generó un daño colectivo urgente y sostenido, con impacto directo en trabajadores, estudiantes y en el normal desarrollo de las actividades académicas.

Con esta cautelar, la Justicia vuelve a poner en el centro del debate el financiamiento de la universidad pública y marca un límite institucional a la suspensión de leyes votadas por el Congreso.