La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) comenzó el 2026 con un fuerte estado de alerta frente al avance de despidos, suspensiones y atrasos salariales en distintas empresas del sector. Desde la organización sindical denunciaron que las patronales buscan trasladar el ajuste económico impulsado por el Gobierno nacional directamente a los trabajadores, en un contexto de creciente conflictividad laboral.

El Consejo Directivo de la FTIA, encabezado por Héctor Morcillo, expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesan varias compañías alimenticias, a las que acusó de generar un escenario de incertidumbre social mediante cesantías, reducción de personal y falta de pago de salarios y aguinaldos. Según el gremio, estas prácticas afectan de manera directa a cientos de familias y anticipan un panorama crítico para el empleo en el sector.

Entre los casos más resonantes, la Federación apuntó contra Lamb Weston (Alimentos Modernos), que despidió a más de 100 trabajadores en su planta de Munro, en la provincia de Buenos Aires. Desde el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) Buenos Aires, afiliado a la FTIA, denunciaron que el cierre de la planta y el traslado de la producción a Mar del Plata se dio pese a la solidez financiera de la empresa, que durante el año pasado realizó importantes reinversiones y mantiene una buena posición en el mercado.

Para el gremio, la decisión forma parte de un proceso de “industricidio”, vinculado a políticas de apertura indiscriminada de importaciones y a la falta de protección de la industria nacional, que terminan debilitando la producción local y destruyendo puestos de trabajo.

Otro de los focos de conflicto señalados por la FTIA es Granja Tres Arroyos. Según denunciaron, la empresa mantiene una postura hostil hacia los trabajadores de sus plantas en Entre Ríos y Buenos Aires, con salarios y aguinaldos impagos y un riesgo concreto para alrededor de 700 puestos de trabajo.

Ambas situaciones fueron formalmente denunciadas por los sindicatos de base de la actividad y derivaron en audiencias ante el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de exigir respuestas inmediatas, la regularización de los pagos adeudados y la preservación de los puestos laborales.

En un comunicado oficial, la FTIA remarcó que “los trabajadores necesitamos producción, empleo y salarios dignos” y acusó al sector empresario de trasladar el peso del ajuste económico a los empleados y sus familias. En ese marco, la Federación anunció que, junto a los gremios locales, avanzará con todas las acciones administrativas, legales y gremiales necesarias para defender los derechos laborales y garantizar la continuidad del empleo en la industria alimenticia.

El posicionamiento de la FTIA se inscribe en una seguidilla de conflictos recientes dentro del sector, como el caso de Alijor, donde el STIA Filial Buenos Aires mantiene medidas de fuerza en reclamo del pago de salarios adeudados y de una recomposición salarial acorde a la situación económica actual. Desde el gremio calificaron de “irrisoria” la propuesta empresaria y denunciaron la falta de diálogo y la priorización de la rentabilidad por sobre la estabilidad laboral.

Desde la Federación advirtieron que, de no mediar soluciones urgentes, la caída de la producción y la escalada de conflictos podrían profundizarse durante los próximos meses, reafirmando la necesidad de unidad gremial y acción colectiva para enfrentar un escenario que amenaza a toda la industria alimenticia.