El gobernador bonaerense, Axel Kicillof presentó en los últimos días, a través de su ministro de Economía, Pablo López, los lineamientos centrales del Presupuesto 2025. El cálculo proyectado por el ejecutivo provincial alcanza los 34.3 billones de pesos con un agregado: la posibilidad de endeudarse por 1.1 billones.

Como parte de las discusiones legislativas que se vienen, los legisladores de Unión por la Patria deberán dar explicaciones concretas para intentar explicar el caos que reina en la actualidad en el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social bonaerense que cuenta con más de 2.3 millones de afiliados y una serie de problemas por resolver que, por desidia u omisión, no encuentran solución

Lo llamativo del asunto es que el gobernador siempre le dio a IOMA un valor presupuestario superlativo. Como organismo particular, la obra social de los bonaerenses tiene presupuestado para el 2025 poco más de un billón setecientos cincuenta mil millones de pesos (1.750.000.000.000). Un número que supera por amplio margen a lo destinado a Educación, Seguridad y Salud que tendrán una partida de entre 1.150.000.000.000 a 1.288.000.000.000 de pesos.

El camporista Homero Giles, presidente de IOMA, tiene a su disposición el 5.09 del Presupuesto 2025. Sin embargo, el gobernador, por incapacidad política o decisión, no logró tomar cartas en el asunto para dar una respuesta que pueda satisfacer a los afiliados. 

Con un detalle no menor. Del presupuesto prorrogado en 2024 al del año que viene hay cerca de un 400 por ciento de aumento si se tiene en cuenta que el último registrado fue de 350 mil millones de pesos. Eso sí, la comparativa futura es menor ya que en 2023 tuvo una representación del 5.24 por ciento.

Pese a todos estos números a favor, la entidad afronta una dura situación financiera que es reconocida por las propias autoridades pero que no termina de explicarse en los números. Y la pregunta qué ronda es cómo puede ser que una caja billonaria tenga tantos agujeros negros.

Para colmo, IOMA no brindó información de recursos y gastos ejecutados desde el año pasado. Cuenta con una sección de Datos Abiertos en su portal que no termina de ser una explicación concreta sobre sus expensas. 

Sin dar a conocer los gastos, la obra social expone que las cirugías efectuadas aumentaron a 12.260 en lo que va de 2024. Y explica que de enero a agosto se dispensaron más de 10 millones de medicamentos, la entrega de audífonos, prótesis, sillas de ruedas asciende a casi 16 mil y pone de manifiesto que “respecto a la modificación en los componentes del gasto en función de los datos preliminares del 2024, se evidencia una mayor participación del componente medicamentos explicado por el aumento en su precio que pasó del 28.9 por ciento del gasto durante 2023 al 31.6 en octubre de 2024. 

Quejas múltiples

No se trata de una contrariedad más. Kicillof sabe bien que de no generar cambios productivos en la prestación podría enfrentar un duro golpe electoral. Pero el dato más importante reside en los verdaderos inconvenientes que hoy deben atravesar los adherentes por cortes de prestaciones médicas en muchos municipios bonaerenses, falta de profesionales, cancelación de cirugías programadas, dificultad en la obtención de turnos como complicaciones diarias generales. 

Pero no solo eso. IOMA, además, mantiene series dificultades que impactan en los afiliados vinculadas a la rescisión de convenios con entidades y clínicas privadas, recortes presupuestarios en la entrega de medicamentos y problemas básicos con intermediarios como anestesiólogos, bioquímicos, odontólogos o kinesiólogos por solo mencionar algunos.

La situación en los distritos es caótica. Lo ocurrido en las últimas horas en Navarro, distrito comandado por el peronista, Facundo Diz, es más que un botón de muestra. Sucede que luego de romper el convenio con la Federación Médica de Buenos Aires (FEMEBA) en cerca de veinte municipios y dejar a casi 150 mil afiliados sin posibilidad de atender sus cuestiones de salud, Kicillof, a través de Giles, provocó que más de 200 vecinos de Navarro salgan a la calle a “cacerolear” en rechazo al convenio firmado entre el IOMA y el ejecutivo local que limita la cobertura solo al Hospital Municipal San Antonio de Padua. Lo que le significa al gobierno comunal una caja de 52 millones de pesos.

Los autoconvocados de Navarro no son los únicos. Los casos de Olavarría, Azul y Mar del Plata, entre otros, también generaron reacciones ante una situación que deja a miles de adherentes con pocas herramientas para acceder a una cobertura de salud a través de la obra social ya que la gran mayoría de los médicos pasaron a cobrar las consultas de manera particular, algo que genera conflictos con los reintegros.

En Mar del Plata los autoconvocados denuncian la ruptura de contratos con las tres principales clínicas locales. Por su parte, en Olavarría, se oponen a un acuerdo entre IOMA y el Consorcio del Centro de la Provincia de Buenos Aires (COCEBA) que ya brinda un servicio deficitario a PAMI. 

En Azul, también en la séptima sección electoral, se trabaja de manera mancomunada entre varios distritos, como Tapalqué, Lamadrid, Laprida, General Alvear y Daireaux, para presentar un amparo colectivo ante la Defensoría del Pueblo.

La oposición presiona por respuestas

Los bloques bonaerenses del PRO y de la UCR + Cambio Federal, presentes en la Cámara baja de la Legislatura, pretenden avanzar con una iniciativa que brinde soluciones a los millones de personas que cuentan con la obra social provincial en la actualidad.

La idea es crear un Comité de Crisis que permita abordar el tema y darle respuestas a los afiliados. La iniciativa fue formulada por Diego Garciarena (UCR + Cambio Federal), Maricel Etchecoin (Coalición Cívica) y Agustín Forchieri (PRO). Pero todavía no logró llegar al recinto.

En la Cámara alta, el senador de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, busca declarar la emergencia sanitaria, económica, financiera y operativa del Instituto Obra Médico Asistencial y autorizar al Ejecutivo la intervención de la obra social.

Cabe recordar que la oposición ya intentó interpelar a Giles a principios de este año. Sin embargo, el oficialismo logró, junto con sus aliados, bloquear el pedido para investigar a fondo la crisis en IOMA. 

A diferencia de otros temas, aquí no hay grises. Se trata de una problemática que une hasta a los bloques de derecha con los de izquierda. Justamente el legislador del FIT, Guillermo Kane, presentó una iniciativa para que las autoridades del IOMA sean elegidas por sus afiliados.

También desde la UCR que responde a Facundo Manes y Martín Lousteau se elevó, en su momento, un proyecto para reformar el estatuto de IOMA con el fin de convertirlo en un “ente autónomo y autárquico” y de esa manera garantizar la autonomía de la entidad para que los aportes de los adherentes sirvan para cubrir los gastos de las prestaciones y se evite que sea utilizado por los gobiernos para otros fines.