El secretario general de la Unión de Trabajadores del Estado (UTERA), Rubén Grimaldi, lanzó una dura advertencia sobre la situación del PAMI y responsabilizó al rumbo económico del Gobierno por el deterioro del sistema de atención a jubilados.

En declaraciones al medio InfoGremiales, el dirigente sindical apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor Federico Sturzenegger, a quienes acusó de impulsar un “ajuste permanente” sin contemplar el impacto sanitario. “Son quienes toman decisiones sin conocer el funcionamiento del organismo ni la complejidad de la atención de salud”, sostuvo.

Grimaldi describió un cuadro crítico con datos que, según afirmó, reflejan el deterioro estructural del PAMI desde el cambio de gestión encabezado por Javier Milei. Señaló que los salarios del personal apenas registraron un incremento del 7,5%, al tiempo que denunció una fuerte caída en la dotación de trabajadores frente al crecimiento sostenido de afiliados.

“Cuando el PAMI tenía 2 millones de afiliados contaba con 14 mil trabajadores; hoy, con 6 millones, apenas hay 11 mil”, detalló. A esto sumó la falta de personal en dependencias y clínicas, lo que —según advirtió— repercute directamente en la calidad de atención.

El conflicto se da en paralelo a un paro de 72 horas impulsado por profesionales de la salud que prestan servicios para el organismo. La medida responde a cambios en el esquema de ingresos, donde se incrementa el valor de la cápita pero se elimina el pago por consulta presencial, lo que, según denuncian, implica una reducción real de sus ingresos.

Desde el Gobierno, el ministro de Salud Mario Lugones intentó restarle dramatismo a la situación al asegurar que “el PAMI está pagando”, aunque no logró desactivar el conflicto.

Grimaldi reconoció que hubo asistencia financiera del Tesoro, pero consideró que se trata de paliativos insuficientes frente a un problema de fondo. “Es una crisis estructural, grave y sin solución a la vista si se mantiene esta política de desfinanciamiento”, afirmó.

En ese contexto, también cuestionó las alternativas que evalúa el Ejecutivo, como la descentralización del PAMI hacia las provincias o el traspaso de jubilados a sus obras sociales de origen. “Provincializar el sistema no tiene sentido. Los sistemas de salud provinciales ya están en crisis; sumarles una población altamente demandante es inviable”, advirtió.

Además, remarcó que entre 2,5 y 3 millones de afiliados no provienen de ninguna obra social, lo que complicaría cualquier intento de redistribución. “El Gobierno busca sacarse de encima un problema que es de su responsabilidad”, sostuvo.

En ese marco, el dirigente cerró con una advertencia contundente: “Si no se financia adecuadamente el PAMI, vamos a una explosión”.