Los sindicatos que representan a los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria presentaron una acción de amparo en la justicia federal de San Martín para frenar el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), ubicada en Ituzaingó. La medida judicial busca reinstalar las actividades del organismo y cuestiona la legalidad de la decisión adoptada por el Gobierno nacional.

La presentación fue impulsada por la Asociación del Personal del INTA y la Asociación de Trabajadores del Estado, junto a organizaciones de la agricultura familiar. En el escrito, sostienen que el cierre “carece de fundamento técnico y jurídico” y que deja sin asistencia a uno de los principales cinturones productivos del país.

La estación experimental —que funcionaba desde hace más de 15 años— tenía influencia sobre 39 municipios del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, brindando asistencia técnica, capacitación e investigación aplicada a miles de productores. Según los gremios, su clausura implica una interrupción “abrupta” de políticas públicas clave para el abastecimiento alimentario de una región donde viven más de 16 millones de personas.

El conflicto se inscribe en un proceso más amplio de reestructuración del INTA, que incluye retiros voluntarios, recortes presupuestarios y la posible transferencia de tierras a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. En ese marco, los sindicatos denuncian que detrás del cierre existe un objetivo inmobiliario.

Apuntan especialmente al empresario Eduardo Elsztain, a quien vinculan con el interés por los terrenos del predio, y al titular de la AABE, Nicolás Pakgojz. Según sostienen, el cierre de la experimental responde a una “desviación de poder” destinada a habilitar desarrollos privados en una zona de alto valor.

“El objetivo sería vender tierras públicas a precio de remate para emprendimientos inmobiliarios”, advierten en la presentación judicial, donde incluso mencionan la existencia de antecedentes de investigaciones penales por operaciones similares.

El rechazo también se hizo sentir a nivel local. En Ituzaingó, el Concejo Deliberante declaró el predio como área de preservación ambiental, productiva y patrimonial, destacando su rol estratégico en la producción agroecológica y el abastecimiento del conurbano.

Desde el punto de vista legal, el amparo cuestiona la resolución oficial por considerarla “arbitraria, inmotivada y basada en normas inexistentes o derogadas”. Además, plantea que la medida contradice leyes nacionales y tratados internacionales que garantizan el acceso a la ciencia y la tecnología, en particular para los sectores de la agricultura familiar.

Los gremios también enmarcan la disputa en términos de derechos sociales. Señalan que la agricultura familiar genera el 70% de los alimentos que se consumen en el país y más de la mitad del empleo rural, por lo que consideran que el cierre del INTA AMBA implica una regresión en el derecho a la alimentación.

“Todos los días consumimos productos del cinturón hortícola, no commodities de exportación. El abandono de estos productores tiene consecuencias directas en la mesa de los argentinos”, remarcaron.

Con la presentación judicial en marcha, el futuro de la estación experimental queda ahora en manos de la Justicia, en un caso que combina conflicto laboral, política científica y disputa por el uso de tierras públicas.