Luego de varios días de paralización en los principales puertos del país y ante el impacto económico que generó la medida de fuerza, el Gobierno nacional resolvió dejar sin efecto, por el momento, la aplicación del Decreto 690/2026 que desregulaba el servicio de practicaje y pilotaje. Como parte del acuerdo, los prácticos retomaron sus tareas y comenzará una instancia de diálogo para revisar la normativa.

El Gobierno nacional dio marcha atrás con la implementación del Decreto 690/2026, que modificaba el régimen de los servicios de practicaje y pilotaje en los puertos argentinos, luego del conflicto que paralizó buena parte de la actividad marítima y afectó las operaciones del comercio exterior.

La decisión llegó tras las medidas adoptadas por los prácticos, quienes suspendieron la asistencia a buques nacionales e internacionales en rechazo a la desregulación impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.

Se abre una mesa técnica para revisar la normativa

Como parte del entendimiento alcanzado entre las partes, el Poder Ejecutivo acordó suspender la aplicación del decreto y conformar una mesa de trabajo destinada a analizar el alcance de la reforma.

Según lo acordado, el espacio estará integrado por representantes del Gobierno nacional y de los organismos con competencia en materia de seguridad, defensa y navegación, además de referentes del sector.

El objetivo será revisar los distintos aspectos técnicos y operativos contemplados en la normativa y buscar consensos antes de avanzar con eventuales modificaciones regulatorias.

Los prácticos retomaron sus actividades

Tras la firma del acuerdo, los prácticos resolvieron levantar las medidas de fuerza y restablecer de inmediato la prestación del servicio en los principales puertos del país.

La normalización permitirá reanudar las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones que permanecían demoradas por la falta del servicio obligatorio de practicaje.

Desde el sector evitaron hacer declaraciones extensas y se limitaron a señalar que la suspensión del decreto representa un "alivio", mientras continúan las negociaciones con las autoridades nacionales.

Un conflicto con fuerte impacto económico

La interrupción de las operaciones portuarias generó un importante impacto sobre la cadena exportadora.

De acuerdo con estimaciones difundidas durante el conflicto, la paralización representaba pérdidas superiores a 4,5 millones de dólares diarios para el complejo agroexportador, uno de los principales generadores de divisas del país.

Además, durante el desarrollo del conflicto se informó que más de 150 buques permanecían a la espera de ingresar o abandonar los puertos argentinos debido a la falta del servicio de practicaje.

Un revés para la estrategia de desregulación

La suspensión del Decreto 690/2026 constituye uno de los primeros retrocesos significativos del Gobierno en materia de desregulación desde el inicio de la gestión.

La decisión refleja el impacto que tuvo el conflicto sobre la actividad portuaria y el comercio exterior, sectores estratégicos para el ingreso de divisas, y abre una nueva etapa de negociaciones entre el Ejecutivo y los representantes de los prácticos para definir el futuro del régimen del practicaje y pilotaje en la Argentina.