La discusión por el presupuesto universitario volvió a encender el conflicto en las casas de estudio. La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) rechazó el nuevo proyecto de financiamiento enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y reclamó que se aplique la ley aprobada en 2025, cuya implementación continúa judicializada.

El Gobierno impulsó una iniciativa propia para reemplazar la norma sancionada el año pasado —que fue vetada, ratificada por el Parlamento y luego incumplida— y busca que el texto sea tratado en sesiones extraordinarias. Sin embargo, la propuesta ya generó un fuerte rechazo entre docentes y nodocentes de distintas universidades nacionales.

“Solo devuelve una parte de lo perdido”

Desde la AGD sostienen que el proyecto oficial contempla una recomposición salarial de apenas 12,3% en tres cuotas a lo largo del año, destinada a cubrir parcialmente lo perdido en 2025. Según el gremio, esa cifra representa menos de la mitad de la caída salarial registrada, en un contexto en el que la inflación acumulada del año pasado rondó el 31,5%.

Además, denuncian que la propuesta no contempla ninguna actualización por la pérdida correspondiente a 2024. “Se nos quiere imponer un incremento que no recompone el deterioro salarial que venimos arrastrando desde el inicio de la actual gestión”, señalaron desde la organización sindical.

Para la AGD, el nuevo proyecto no solo resulta insuficiente en términos presupuestarios, sino que afecta al conjunto de la comunidad universitaria —docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes— al consolidar un esquema de financiamiento que consideran regresivo.

La cautelar y la disputa judicial

Otro elemento que aceleró el debate fue la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que obtuvo aval judicial para exigir la aplicación de la ley de financiamiento vigente mientras se resuelve el fondo de la cuestión.

El Gobierno, encabezado por Javier Milei, apeló esa decisión, lo que mantiene abierto el frente judicial al mismo tiempo que avanzan conversaciones entre funcionarios y autoridades universitarias.

Desde la AGD recuerdan que la norma aprobada en 2025 fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y que, según su interpretación, establece una recuperación salarial cercana al 50% de lo adeudado. “Es una conquista lograda con paros, clases públicas y movilizaciones masivas”, subrayan, en referencia a las protestas universitarias del año pasado.

Advertencia de nuevas medidas

Frente al tratamiento del nuevo proyecto, el gremio docente anticipó que impulsará paros y movilizaciones durante el debate parlamentario. Incluso, no descartan convocar a un paro universitario de alcance nacional si no se garantiza la aplicación plena de la ley vigente.

El conflicto por el financiamiento se inscribe en un escenario más amplio de tensión social, marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la discusión sobre el rol del Estado en la educación superior. Con el Congreso como escenario central, la pulseada entre el Gobierno y la comunidad universitaria suma un nuevo capítulo que promete intensificarse en las próximas semanas.