En una decisión sin antecedentes recientes dentro de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa habilitó formalmente a militares en actividad a desarrollar trabajos complementarios fuera de su horario de servicio. La medida alcanza a soldados, suboficiales y oficiales, y surge en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios del sector.

La resolución permite que los integrantes de las Fuerzas Armadas desempeñen actividades privadas compatibles con sus funciones, entre ellas tareas vinculadas a plataformas de transporte y reparto, servicios de vigilancia privada y otros empleos que no interfieran con las obligaciones militares.

La iniciativa fue interpretada por distintos sectores como un reconocimiento explícito de las dificultades económicas que atraviesa el personal militar. Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, los efectivos vienen manifestando su preocupación por la evolución de sus ingresos, especialmente luego de la interrupción de los mecanismos de recomposición salarial que buscaban acercar los haberes militares a los de las fuerzas de seguridad federales.

Aunque desde el Gobierno la medida fue presentada como una ampliación de las posibilidades laborales para el personal uniformado, en ámbitos castrenses la autorización es vista como una consecuencia directa del deterioro salarial registrado en los últimos años.

En la práctica, muchos efectivos ya recurrían a actividades informales para complementar sus ingresos. La diferencia es que ahora podrán hacerlo dentro de un marco regulado y con autorización expresa de la cartera de Defensa.

La habilitación abre un escenario inédito para las Fuerzas Armadas argentinas: personal especializado en logística, comunicaciones, inteligencia, operaciones y conducción militar podrá desempeñarse también en actividades civiles para reforzar su economía familiar.

El trasfondo de la decisión está vinculado a la pérdida de capacidad de compra de los salarios militares frente a la inflación y a las restricciones presupuestarias que afectan al área de Defensa. A ello se suman reclamos vinculados al equipamiento, la infraestructura y las prestaciones médicas para el personal.

Mientras el Gobierno sostiene que la medida amplía la libertad de los uniformados para generar ingresos adicionales, sectores críticos consideran que constituye una señal de la profundidad de la crisis salarial que atraviesa uno de los pilares del Estado nacional.