Lo que comenzó como una denuncia con pretensiones de transparencia hoy amenaza con volverse en contra de sus propios impulsores. La investigación judicial que tiene como uno de sus protagonistas a Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica ARI y referente político del espacio de Elisa Carrió, empezó a proyectar efectos directos sobre uno de los expedientes más sensibles que se tramitan en los tribunales de La Plata: la causa que investiga el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.

El punto de contacto es concreto y verificable. Los mismos actores que promovieron denuncias clave en el expediente de fotomultas hoy aparecen señalados en causas por presuntas maniobras de extorsión, en el marco del escándalo que rodea a la AFA. Ese cambio de estatus no es menor: obliga a revisar el origen, la motivación y la consistencia de las acusaciones que dieron impulso a investigaciones de alto impacto político y judicial.

El caso Yofe tomó relevancia pública luego de que custodios que lo acompañaban declararan ante la Justicia que el dirigente arrojó su teléfono celular al mar tras un allanamiento en su domicilio. Para los investigadores, ese dispositivo podía contener comunicaciones clave sobre el armado de denuncias, contactos con empresarios y coordinaciones previas. La desaparición del teléfono incorporó un elemento objetivo que reconfiguró el rol del denunciante, ahora bajo investigación.

A ese episodio se sumaron declaraciones testimoniales que describen un esquema más amplio. El periodista Claudio Gabriel Ponce de León, ex colaborador de Yofe y ex candidato por la Coalición Cívica, declaró que el dirigente ofrecía denuncias, contactos judiciales y testigos, y que ese funcionamiento incluía pedidos de dinero o contraprestaciones. En su testimonio, Ponce de León también mencionó a empresarios vinculados al negocio de las fotomultas y aportó datos sobre reuniones y circuitos de relacionamiento político.

En ese entramado aparece con mayor nitidez el nombre de Leandro Camani, un actor recurrente en causas vinculadas tanto al sistema de fotomultas como a la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Camani es mencionado por testigos y por custodios de Yofe como parte del entorno que rodeaba al dirigente, y fue señalado por Ponce de León como uno de los protagonistas del esquema que articulaba denuncias, vínculos empresariales y relaciones políticas.

Según surge de los testimonios incorporados, Yofe y Camani mantenían encuentros frecuentes, algunos de ellos en la zona de Avenida del Libertador. Además, el dirigente de la Coalición Cívica asistió a eventos públicos organizados por Camani, como los Premios Martín Fierro, donde existe al menos una imagen que los muestra juntos. Esa sucesión de apariciones y reuniones terminó de colocar a Camani en el centro de la escena, ya no como un actor periférico sino como una figura mencionada de manera reiterada en sede judicial.

La conexión con La Plata es directa. En el marco de la causa por fotomultas, Matías Yofe denunció al juez de Garantías Juan Pablo Masi, magistrado llamado a intervenir en definiciones clave del expediente. La presentación fue realizada por el mismo dirigente que hoy aparece denunciado por extorsión y señalado por testigos por su modo de operar, un dato que reordena la lectura de las actuaciones y obliga a revisar el impulso original de la causa.

En los tribunales platenses, el foco comienza a posarse ahora en la credibilidad de las denuncias iniciales, en el rol de quienes las promovieron y en el impacto que tiene el cambio de estatus de los denunciantes. La reiteración de nombres, los cruces entre expedientes y las conexiones entre causas vinculadas al fútbol, las fotomultas y la VTV abren interrogantes concretos sobre cómo se construyó la acusación original y qué peso real pueden conservar hoy esas presentaciones.

En ese contexto, empieza a tomar forma un escenario posible: una revisión integral de la causa que podría derivar en absoluciones, entre ellas la del ex ministro de Transporte Jorge D’Onofrio, y en el cierre o archivo de expedientes respecto de empresarios de la VTV y otros imputados cuya situación procesal se sostenía casi exclusivamente en denuncias hoy seriamente cuestionadas.

Sin adelantar definiciones judiciales, el expediente ingresó en una etapa decisiva: la credibilidad de quienes denunciaron pasó a ser un elemento central del análisis. Y cuando los denunciantes se convierten en denunciados, el efecto dominó sobre toda la causa deja de ser una hipótesis para transformarse en un problema concreto del sistema judicial.