A pocas horas de su publicación en el Boletín Oficial, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025 —mediante el cual el Gobierno eliminó el carácter no laborable del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado— ya enfrenta una embestida judicial. Tres presentaciones simultáneas fueron realizadas este jueves por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y un empleado municipal del interior del país.

Las acciones legales, que buscan frenar los efectos inmediatos del decreto, sostienen que la medida presidencial carece de justificación, vulnera derechos laborales consolidados desde hace más de una década y desconoce una ley aprobada por el Congreso en 2013, la Ley 26.876, que institucionalizó el asueto para los trabajadores del Estado en reconocimiento a su tarea.

El Gobierno había anticipado el contenido del decreto a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, el miércoles, pero lo formalizó este jueves, apenas un día antes de la conmemoración. El texto oficial argumenta que "es indispensable restituir el valor de la cultura del trabajo", y que decisiones como esta contribuyen a ese objetivo.

Sin embargo, la reacción gremial fue inmediata. ATE presentó una Medida Autosatisfactiva ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, solicitando la nulidad del DNU y su declaración de inconstitucionalidad. Según el gremio, el decreto representa una "decisión intempestiva" que "afecta derechos fundamentales de los trabajadores del Estado".

En paralelo, UPCN pidió una medida cautelar de no innovar ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal, con el fin de suspender la aplicación del decreto. En su presentación, el sindicato remarcó que la derogación fue dictada "sin fundamento alguno", afectando derechos ya adquiridos y generando un perjuicio inmediato, especialmente por la cercanía de la fecha conmemorativa.

Además de los sindicatos, un trabajador en relación de dependencia con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Pablo Martín Pérez Ledesma, presentó su propia medida autosatisfactiva. En su caso, argumenta que el decreto le resulta directamente aplicable y afecta su derecho al descanso laboral ya programado.

Estas dos últimas acciones recayeron en los Juzgados Contencioso Administrativo Federal N° 8 y 11.

Tanto ATE como UPCN destacaron que la fecha del 27 de junio fue elegida en homenaje a la aprobación, en 1978, del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las relaciones laborales en la administración pública, instrumento ratificado por la Argentina en 1985.

La judicialización de la medida se produce en un contexto de creciente fricción entre el Ejecutivo y los sindicatos del sector público, en medio de un proceso de reformas impulsado por el gobierno de Javier Milei que ha incluido despidos, congelamientos salariales y reestructuraciones profundas.

Mientras la Justicia analiza los planteos, los gremios anticiparon que no descartan avanzar con reclamos ante organismos internacionales si no obtienen respuesta favorable en el ámbito local.