La distribuidora de bebidas y alimentos Beer Market anunció el cierre definitivo de sus operaciones tras una década en el mercado. La decisión implica la clausura de sus 20 sucursales —ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y el norte del conurbano bonaerense— y el despido de alrededor de 300 trabajadores.

El conflicto se agravó luego de que la empresa comunicara, primero por WhatsApp, que el personal no debía presentarse a trabajar. Días más tarde convocó a los empleados para formalizar la determinación. Según denunciaron los despedidos, la firma se niega a abonar las indemnizaciones completas y argumenta haber iniciado un procedimiento preventivo de crisis, mecanismo que podría habilitar el pago de hasta el 50% de las compensaciones previstas por ley.

“Sentís angustia porque no sabés qué hacer al día siguiente. Tenés que pagar el alquiler, seguir con tu vida”, relató a Radio 750 Paloma Andrada, una de las trabajadoras cesanteadas. La joven, que tenía tres años de antigüedad y percibía un salario mensual de 700 mil pesos, aseguró que le ofrecieron el equivalente a dos sueldos básicos —incluyendo el mes en curso— como acuerdo de desvinculación.

De acuerdo con los testimonios, la empresa ya venía reduciendo su estructura desde hacía meses. “Hace cuatro meses empezaron a cerrar locales con el argumento de que no renovaban contratos de alquiler porque las ventas no alcanzaban. Pero no imaginábamos que la situación era tan grave”, sostuvo Andrada.

En lugar de cumplir con las liquidaciones conforme a la legislación vigente, la compañía propuso arreglos individuales que apenas superan el millón de pesos en algunos casos. Para muchos empleados, aceptar la oferta implica resignar una parte sustancial de la indemnización que correspondería por antigüedad y demás conceptos.

“Hay mucha bronca, pero también necesidad. Algunos aceptaron porque es preferible tener algo antes que nada”, explicó la trabajadora. Y agregó: “No es lo que uno merece por los años y la dedicación que le dio a la empresa”.

Mientras tanto, los despedidos evalúan acciones legales y buscan respaldo sindical ante un escenario de incertidumbre que deja a cientos de familias sin ingresos y con escasas certezas sobre el cobro total de lo adeudado.