Precarización, flexibilidad extrema y una ofensiva antisindical: los ejes del proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso en diciembre.

El gobierno de Javier Milei ultima los detalles de su nueva reforma laboral, que será enviada al Congreso alrededor del 15 de diciembre, ya con la nueva composición parlamentaria surgida de las elecciones del 26 de octubre. A pesar del fuerte retroceso en derechos laborales que implica la propuesta, en la Casa Rosada confían en que obtendrá “respaldo amplio” gracias a negociaciones con sectores empresarios, gobernadores y bloques aliados.

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de la UIA, Martín Rapallini, anticiparon que ya trabajan con el Ejecutivo para consensuar el texto final. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, son los principales arquitectos del proyecto.

Objetivos políticos y económicos

Para el especialista en derecho laboral Juan Manuel Ottaviano, el Gobierno persigue tres metas explícitas:

1. Crear empleo a través de la flexibilización.

2. Formalizar el trabajo no registrado “legalizando” prácticas irregulares.

3. Mejorar salarios… bajándolos.

Ottaviano advierte que la reforma previa incluida en la Ley Bases ya fracasó: la extensión del período de prueba solo aumentó la rotación de jóvenes, y la eliminación de multas por empleo no registrado no formalizó un solo puesto.

Los puntos centrales que prepara el Gobierno

1. Indemnización por despido

• Se reemplaza por un sistema de Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Cese Laboral.

• Las empresas aportarán un porcentaje del salario a un fondo inembargable administrado por el Estado.

• Mantiene el cálculo de un salario por año, pero con un tope de 10 sueldos.

2. Jornada laboral

• Se habilita una jornada de hasta 12 horas, contraria a las tendencias globales de reducción horaria.

• Posibilidad de pactar descansos compensatorios.

3. Banco de horas

• Las horas extras se acumulan y pueden compensarse con días de descanso, lo que en la práctica abarata el costo extra y debilita controles.

4. Salario “dinámico”

• Se generalizan las remuneraciones “por mérito” o productividad individual.

• No generan derechos adquiridos: el salario deja de ser estable.

5. Hasta el 10% del sueldo con pagos no remunerativos

• Tickets, viáticos, guardería, gimnasio o ropa pueden reemplazar salario.

• Implica menos aportes y menor jubilación futura.

6. Convenios colectivos

• Se impulsa reemplazar convenios sectoriales por acuerdos por empresa, lo que fragmentaría la negociación.

• Las pymes quedarían en desventaja frente a grandes grupos.

7. Vacaciones

• Se habilita el fraccionamiento en períodos mínimos de una semana.

• Podrán tomarse fuera de temporada “por acuerdo”.

8. Ius variandi ampliado

• El empleador podrá modificar condiciones de trabajo por “razonabilidad”.

• Si el trabajador se siente perjudicado, podrá considerarse despedido pero sin causa, abaratando su salida.

9. Licencias por enfermedad o accidente

• Se paga solo el 80% del salario, y de carácter no remunerativo.

Una ofensiva directa contra el derecho de huelga

El proyecto amplía al extremo el concepto de servicios esenciales y actividades de importancia trascendental, con obligaciones de prestación del 75% y 50% del servicio, respectivamente.

Entre los sectores afectados figuran:

• salud, medicamentos y servicios farmacéuticos;

• agua, gas, electricidad y combustibles;

• telecomunicaciones e internet;

• transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial;

• servicios portuarios, aduaneros y migratorios;

• educación desde guarderías a secundario;

• radio y televisión;

• industrias continuas (siderurgia, aluminio, química, cemento);

• alimentos, logística, comercio exterior y hasta comercio electrónico.

La restricción del derecho de huelga es uno de los puntos más apoyados por sectores empresarios y más cuestionados por el sindicalismo.

Una reforma “de máxima” que Milei buscará negociar

El Gobierno reconoce internamente que presentó una propuesta “de máxima” para luego ceder en negociaciones y garantizar votos. La estrategia apunta a gobernadores aliados, cámaras empresariales y bloques opositores colaborativos.

Sin embargo, especialistas advierten que la iniciativa tiene un impacto regresivo, profundiza la precarización y consolida un mercado laboral de salarios bajos, alta rotación y menor protección sindical.