A más de cien días del cierre de la planta de porcelanatos ILVA en Pilar, 302 trabajadores despedidos sin indemnización sostienen un acampe permanente frente a las instalaciones de la fábrica. La protesta, que ya se convirtió en un símbolo de la crisis industrial local, expone no solo un conflicto laboral sin resolver, sino también el profundo impacto social que dejó la paralización de una de las principales fuentes de empleo de la zona.

Los trabajadores denuncian haber sido desvinculados sin cobrar lo que marca la ley y advierten que el cierre de ILVA provocó alrededor de 1.500 cesantías indirectas en la ciudad, entre empleos tercerizados, comercios y servicios asociados a la actividad fabril. En ese contexto, el reclamo central sigue siendo el mismo: la reincorporación o el pago íntegro de las indemnizaciones.

Cristian Manrique, de 43 años y con 23 de antigüedad en la empresa, describe el quiebre que significó el despido. “Toda mi vida estaba organizada alrededor de este trabajo. Pensé que me iba a jubilar acá. Hoy es mi hijo el que nos ayuda a pagar las cuentas”, relató desde el campamento, donde los exoperarios se turnan para sostener la protesta.

Desde el acampe también cuestionan la versión empresarial que atribuye el cierre a la caída de ventas y a la apertura de importaciones. Juan Flores, despedido tras 17 años de trabajo, aseguró que la decisión respondió a una estrategia de reducción de costos y precarización laboral. “Una semana antes del cierre trajeron e instalaron una prensa nueva de Italia. Si no pensaban seguir, la vendían. Acá hubo una decisión tomada”, sostuvo. Según denunció, la empresa propuso en sede judicial reabrir la planta con solo 40 empleados y bajo un nuevo esquema de contratación.

Los trabajadores advierten que el conflicto se inscribe en un clima político y económico que habilita el retroceso de derechos laborales. Entre los costos que la empresa buscaba eliminar, mencionan el transporte, el comedor y la cobertura médica, beneficios que formaban parte del convenio y que hoy ya no existen para cientos de familias.

El impacto humano del cierre atraviesa cada testimonio. Paola Castañeda, de 50 años, madre de tres hijos y con 22 años en ILVA, aseguró que quedó “fuera del sistema”. “No solo siento que me estafaron, siento que me arruinaron la vida. Me dejaron en la calle, lejos de la jubilación y sin posibilidades reales de volver al mercado laboral”, expresó.

Otros exoperarios se vieron forzados a aceptar trabajos informales o precarios. Alberto “Beto” Franco, de 50 años y casi dos décadas en la fábrica, hoy trabaja manejando para una aplicación de viajes. “Hago doce o catorce horas por día para sobrevivir, pero no alcanza. Yo quiero la vida que tenía antes”, afirmó, en contraste con el discurso oficial que promueve la economía de plataformas como salida laboral.

Mientras continúan las audiencias conciliatorias en la Secretaría de Trabajo, el acampe se mantiene con turnos rotativos, ollas populares y un fondo de lucha, y recibió el respaldo de la CGT, que intenta destrabar el conflicto. “No queremos estar acá. Queremos que nos paguen lo que trabajamos y volver a nuestras vidas”, resumió Florencia Pereyra, pareja de Manrique.

A la entrada del campamento, cruces improvisadas y remeras con nombres y años de antigüedad forman lo que los despedidos llaman un “cementerio obrero”: la representación simbólica de una vida previsible que se perdió junto con el trabajo.