La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de iniciar sumarios contra sindicatos del sector por su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

La central del transporte, encabezada por Juan Carlos Schmid, cuestionó la medida oficial contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad, y advirtió que podría sentar un precedente preocupante para el ejercicio de la actividad sindical.

Desde la organización señalaron que avanzar con sanciones por la participación en una medida de fuerza constituye una presión sobre las entidades gremiales y un posible retroceso en derechos fundamentales de los trabajadores.

Advertencia por el derecho de huelga

En un comunicado, la CATT remarcó que el derecho a la huelga forma parte de las herramientas legítimas del movimiento obrero y se encuentra protegido tanto por la Constitución Nacional como por convenios internacionales.

En ese sentido, Schmid sostuvo que intentar sancionar a sindicatos por ejercer ese derecho representa “un camino peligroso” que afecta la democracia sindical y el diálogo social.

Por su parte, el secretario gremial de la confederación, Juan Pablo Brey, destacó que el sector del transporte históricamente ha garantizado el funcionamiento del país, pero también tiene la responsabilidad de defender las condiciones laborales de sus trabajadores.

“El transporte argentino ha demostrado su compromiso con la sociedad, pero también tiene derecho a defender sus conquistas laborales”, señaló el dirigente.

Solidaridad con los gremios afectados

Desde la CATT manifestaron además su solidaridad con los trabajadores y las organizaciones sindicales involucradas en el conflicto, y cuestionaron la posibilidad de judicializar las medidas gremiales.

Según advirtieron, recurrir a sanciones o procesos judiciales frente a conflictos laborales no contribuye a resolver los problemas de fondo y puede profundizar el clima de confrontación entre el Gobierno y el movimiento sindical.

En ese marco, la central ratificó su defensa de la libertad sindical y del derecho constitucional de huelga, a los que definió como pilares fundamentales del sistema democrático y de la organización de los trabajadores.