La delegación Capital de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) presentó una denuncia penal contra el gobernador Martín Llaryora, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la cúpula policial provincial. La acusación apunta a presuntos hechos de represión, infiltración y espionaje ilegal durante una asamblea gremial realizada el pasado 20 de abril.

Según detallaron desde el sindicato, ese día la sede de la organización —ubicada en la calle San Jerónimo— estuvo rodeada por un fuerte operativo policial que incluyó vallados, cortes de calle y presencia de efectivos armados. En ese contexto, denunciaron que se impidió el ingreso de docentes y delegados que debían participar de la asamblea provincial.

Desde la UEPC aseguraron que hubo represión con gases cuando un grupo de docentes intentaba acercarse al lugar, y señalaron que incluso se produjo la detención de un delegado, identificado como Pablo Perón, lo que le habría impedido ejercer su representación sindical.

Además, el gremio denunció el secuestro de material de difusión, amenazas a dirigentes y la presencia de personal policial de civil dentro de la sede durante el desarrollo de la asamblea. “Se trata de una intromisión directa del aparato estatal en la vida interna de la organización sindical”, advirtieron.

Uno de los puntos más graves señalados en la presentación judicial es la supuesta infiltración de agentes dentro del encuentro gremial. Según indicaron, mientras las puertas estaban cerradas para afiliados, se permitió el ingreso de efectivos policiales sin identificación, lo que calificaron como un hecho “inédito” y de “extrema gravedad institucional”.

El sindicato remarcó que no hubo información oficial sobre quién ordenó el operativo ni bajo qué fundamentos se desplegó. En ese sentido, sostuvieron que las acciones denunciadas constituyen una vulneración a la libertad sindical.

Finalmente, desde la UEPC responsabilizaron al gobierno provincial por lo ocurrido y exigieron que la Justicia investigue el accionar de las fuerzas de seguridad y de las autoridades políticas involucradas.