La reciente negociación salarial de la UATRE volvió a exponer tensiones internas en el sindicalismo. El entendimiento, que establece un incremento del 9,2% para los trabajadores rurales entre enero y mayo, fue duramente cuestionado por sectores opositores que lo calificaron como insuficiente frente a la evolución de los precios.

El acuerdo, encabezado por el secretario general José Voytenco, fija una actualización progresiva de los haberes que llevará el salario del peón general a poco más de $1.093.000 hacia mayo. Sin embargo, el esquema quedó rápidamente en el centro de la polémica al proyectarse por debajo de la inflación acumulada del período.

Críticas internas y acusaciones

Desde el Movimiento de Recuperación de la UATRE (MRU), principal espacio opositor dentro del gremio, cuestionaron con dureza el resultado de la negociación y lo definieron como “una paritaria de hambre”. Además, acusaron a la conducción de haber convalidado un acuerdo que no refleja las condiciones reales del sector.

“El salario de los peones rurales vuelve a ser la variable de ajuste”, señalaron desde ese espacio, al tiempo que advirtieron que los ingresos continúan lejos de cubrir el costo de vida, incluso en una actividad que mantiene altos niveles de rentabilidad.

Reconocimiento de limitaciones

En medio de las críticas, la propia conducción sindical admitió que el acuerdo no logra recomponer el poder adquisitivo perdido. Desde el gremio reconocieron la existencia de “un atraso estructural” en los salarios rurales, una situación histórica que —según indicaron— no puede resolverse en una sola negociación.

Pese a ello, defendieron el entendimiento como un paso posible dentro del actual contexto económico.

Un clima gremial en tensión

El conflicto en la UATRE se inscribe en un escenario más amplio, donde varias paritarias comienzan a cerrarse por debajo de la inflación, lo que genera malestar en las bases y reaviva disputas internas en distintos sindicatos.

Con aumentos que no logran seguir el ritmo de los precios, crece la presión sobre las conducciones gremiales, en un contexto donde la política salarial del Gobierno también es señalada como un factor que condiciona las negociaciones.

La evolución de estos acuerdos y sus consecuencias sobre el poder adquisitivo podrían convertirse en un elemento clave para el futuro inmediato del mapa sindical.