En medio de una agenda política atravesada por denuncias de corrupción que golpean al oficialismo, el bloque de La Libertad Avanza intenta reorientar el debate en el Congreso. En ese marco, la diputada Lilia Lemoine impulsó un proyecto para tratar el desafuero del legislador tucumano Carlos Cisneros en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La iniciativa se da en un contexto adverso para el oficialismo, marcado por el impacto político de escándalos como el denominado “Adornigate” y la causa Libra, que concentran la atención pública y parlamentaria.

Un caso judicial que llega al Congreso

El pedido de desafuero se vincula a una causa que tramita en el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo del magistrado Guillermo Díaz Martínez. En ese expediente, Cisneros fue citado a declaración indagatoria semanas atrás.

El diputado, con trayectoria en el sindicalismo bancario, rechazó las acusaciones en su contra y sostuvo que se trata de una maniobra de persecución política y judicial. Según planteó, las denuncias estarían relacionadas con sus cuestionamientos al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal de su provincia y su enfrentamiento con el gobernador Osvaldo Jaldo.

Respaldo sindical y continuidad en funciones

A pesar de la investigación en curso, Cisneros mantiene su actividad parlamentaria y su rol como dirigente de Asociación Bancaria. Desde ese espacio, que conduce el también diputado Sergio Palazzo, expresaron un fuerte respaldo al legislador.

En un comunicado difundido días atrás, el gremio denunció que las acusaciones forman parte de un ataque contra la organización sindical y defendió la trayectoria de Cisneros en la defensa de los derechos laborales.

Disputa política y estrategia legislativa

El movimiento del oficialismo es leído en ámbitos parlamentarios como un intento de modificar el eje de discusión en el Congreso, en un momento en que la gestión enfrenta cuestionamientos crecientes.

En paralelo, el caso abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y sectores del sindicalismo, que ya venían protagonizando cruces con la administración nacional por el rumbo económico y las políticas laborales.

Mientras tanto, el eventual tratamiento del desafuero dependerá del avance en comisión y de los acuerdos políticos necesarios para llevar el tema al recinto, en un escenario legislativo fragmentado y de alta conflictividad.