En su constante búsqueda por reducir la intervención estatal en diversas áreas, el Gobierno de Javier Milei ha dado un nuevo paso en su agenda de desregulación y privatización. Esta vez, el foco está en el servicio de correo postal. Según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, un nuevo decreto detallará en las próximas horas la desregulación completa del Correo Argentino, generando incertidumbre sobre el futuro de este servicio clave para la conectividad del país y la logística electoral.

El Correo Argentino Bajo Amenaza: ¿Un Desguace que Pone en Riesgo las Elecciones?

La principal preocupación que ha surgido con esta desregulación es el futuro del Correo Argentino, una empresa estatal que no solo es responsable del envío de cartas y encomiendas, sino que juega un papel crucial en el sistema electoral. En cada elección, el Correo es responsable del transporte de 110.000 urnas a más de 17.000 locales de votación, muchos de ellos ubicados en zonas remotas a las que solo se accede mediante medios de transporte especiales, como mulas o lanchas.

Además, el Correo es el encargado de organizar los telegramas con los resultados preliminares y del traslado de las urnas para el escrutinio definitivo, actividades que requieren un alto nivel de organización y eficiencia. Si la desregulación y el posterior vaciamiento del Correo continúan, surge una pregunta crucial: ¿quién se encargará de estas tareas vitales en futuras elecciones? Según advierten jueces electorales, la situación podría poner en riesgo la realización de los comicios si no se cuenta con el personal capacitado para gestionar estos procesos.

Hasta el momento, la ley establece que es el Correo Oficial el encargado de llevar adelante todas las operaciones vinculadas a las votaciones nacionales. Sin embargo, la desregulación podría entrar en conflicto con esta normativa, lo que deja en el aire la viabilidad de cumplir con los plazos y exigencias electorales. Como algunos expertos señalan, el Correo Argentino representa el 70% del presupuesto de las elecciones nacionales, lo que pone de manifiesto su importancia en el funcionamiento democrático del país.

La Privatización en el Radar: De Macri a Milei

La desregulación del Correo Argentino no es un hecho aislado dentro de la política de privatización que caracteriza al actual gobierno. La medida se suma a una serie de decisiones que apuntan a la reducción de la presencia estatal en sectores clave de la economía y los servicios. No obstante, este nuevo paso ha generado repercusiones políticas, especialmente dentro del espacio del PRO.

Durante la gestión de Mauricio Macri, el Correo Argentino atravesó un proceso de quiebra que aún está bajo investigación. La quiebra de la empresa, que involucró una serie de maniobras para licuar su deuda millonaria y generar un vaciamiento, es un tema pendiente en la justicia. A pesar de los esfuerzos por desactivar el caso, aún se espera que la Corte Suprema se expida sobre la nulidad de un fallo judicial que dejó en suspenso la resolución de la causa.

Para muchos, la desregulación del Correo podría estar vinculada a una continuidad de las políticas de privatización, esta vez bajo la gestión de Javier Milei. En junio pasado, el gobierno había aceptado excluir a empresas como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina) de la ley de privatización, pero, al igual que en el caso de Aerolíneas, parece que la privatización se llevará a cabo sin la necesidad de pasar por el Congreso, utilizando otras vías como decretos y medidas administrativas.

La Resistencia Sindical: Defensa de un Servicio Público Esencial

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) ha alzado su voz contra la desregulación, advirtiendo que la medida pone en riesgo no solo los puestos de trabajo de miles de empleados, sino también el servicio esencial que presta el Correo Argentino, fundamental para la comunicación y el acceso a derechos básicos. “Privatizar no es la solución, ni lo fue nunca”, señalaron desde el sindicato, destacando que el Correo ha sido una pieza clave para conectar a los argentinos, especialmente en momentos de crisis o emergencia.

Este discurso es respaldado por quienes consideran que el servicio postal es una infraestructura básica que no debe ser reducida a un simple negocio privado. La eliminación de una empresa estatal como el Correo podría resultar en una fuerte desigualdad en el acceso a los servicios postales, afectando especialmente a las zonas más remotas del país, donde las empresas privadas no tienen incentivos para operar.

El Correo Argentino y el Servicio Postal Universal

Hasta el momento, el Correo Argentino tiene la obligación de brindar el Servicio Postal Básico Universal (S.P.U.), un servicio que incluye el envío de cartas simples, telegramas, giros postales, comunicaciones fehacientes y otros servicios esenciales. Además, la empresa también es responsable de la logística electoral y de las encomiendas. Su rol como prestador del Servicio Postal Universal se ve amenazado por esta desregulación, lo que podría llevar a la privatización de estos servicios esenciales, abriendo la puerta a la exclusión de sectores vulnerables.

Entre las prestaciones afectadas por la desregulación se encuentran:

• Cartas simples de hasta 20 gramos.
• Telegramas simples de hasta 20 palabras.
• Giros postales de hasta $1.000.
• Comunicaciones fehacientes, incluidos los telegramas regulados por las leyes 23.789, 24.487 y 23.298.
• Emisión de sellos postales y servicios filatélicos.
• Servicios gratuitos de Cecogramas, que ofrecen comunicaciones para personas con discapacidades.

Un Futuro Incierto

El avance de la desregulación del Correo Argentino es un paso más en un proceso de privatización que sigue causando controversia. Mientras algunos celebran la promesa de mayor competencia y eficiencia, otros temen que esta medida deje al país sin un servicio postal universal y sin una empresa estatal capaz de garantizar la logística electoral. El futuro de la empresa y de los servicios que presta sigue siendo incierto, y la pregunta es si el Gobierno podrá garantizar que el proceso electoral y los derechos de los ciudadanos no se vean comprometidos por la implementación de estas políticas de desregulación.