Lucrecia tiene 40 años, un trabajo a medio tiempo en un centro comunitario y síndrome de Down. Sin embargo, en agosto de este año, recibió una carta documento que cambiaría su vida. En ella, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) le advertía que debía presentar “documentación que acredite sus ingresos” si no quería perder la pensión por invalidez que recibe desde hace años. La misma carta fue recibida por miles de personas con discapacidad en todo el país, en medio de una creciente incertidumbre sobre el futuro de este beneficio social.

 La Larga Espera y la Angustia de los Beneficiarios

Acompañada de sus padres, Lucrecia se presentó en la ventanilla de la ANDIS en Buenos Aires, donde se encontró con una larga fila de personas con diversas discapacidades. La tensión era palpable: sillas de ruedas, personas sordas, personas no videntes. Todos enfrentaban una misma amenaza: perder la pensión si no cumplían con una serie de requisitos burocráticos que, según denuncian organizaciones del colectivo de personas con discapacidad, son arbitrarios e inconstitucionales.

El personal de la ANDIS les recogió los papeles, pero nadie pudo garantizarles que seguirían recibiendo el beneficio, que les permite tener una vida más independiente. “Estamos a la espera y tenemos miedo. Ella necesita el dinero para poder vivir sola”, dijeron los familiares de Lucrecia, reflejando la angustia que comparten miles de argentinos con discapacidades.

 Un Ajuste Previsiblemente Contundente

La carta enviada por la ANDIS no es un hecho aislado. En los últimos meses, miles de personas con discapacidad han sido citadas para revalidar su condición de "invalidez laboral". La medida parece estar en línea con la política del actual gobierno, que ya ha anunciado un ajuste en las pensiones para el año 2025. El recorte podría llegar a afectar hasta 200 mil pensiones, según el presupuesto nacional, con proyecciones que incluso hablan de una poda de hasta 600 mil pensiones.

El Director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, justificó este ajuste asegurando que se trata de una “auditoría” de los beneficiarios, pero las organizaciones sociales aseguran que la medida es inconstitucional. “La pensión por discapacidad es un derecho adquirido, garantizado por la Convención de la OIT y no puede perderse bajo estos términos”, sostuvo Ana Dones, de la Red de Personas con Discapacidad (REDI).

La Tensión Entre la Necesidad de Control y el Derecho a la Dignidad

Según el gobierno, el sistema de pensiones por invalidez es insostenible y fue heredado de gestiones anteriores, donde se otorgaron pensiones sin los controles necesarios. Sin embargo, un informe reciente de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) revela que solo el 20% de las personas con discapacidad recibe la pensión, lo que pone en duda el argumento oficial de un “descontrol” en el sistema.

El monto de las pensiones, por otro lado, es bajo: aproximadamente el 70% de una jubilación mínima. Un cálculo hecho por el Centro de Economía Política (CEPA) anticipa que el ajuste del próximo año podría reducir este monto en un 40%, afectando aún más a un sector vulnerable de la población.

La Reforma del DNU y la Nueva Visión sobre la Discapacidad

Además del recorte, el gobierno de Javier Milei aprobó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 843/2024) que impide que las personas con discapacidad que tengan trabajo registrado o vehículo a su nombre continúen cobrando la pensión. Este cambio en los requisitos, según las organizaciones del colectivo, refuerza una visión antigua y reduccionista sobre la discapacidad, excluyendo a muchas personas que, aunque no sean “invalidadas”, necesitan la pensión para alcanzar una mínima autonomía.

Sabrina Herreros, de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), criticó la medida: “No es necesario aclarar que las personas con síndrome de Down no consiguen los mismos trabajos que el resto. Este decreto refuerza estereotipos y genera barreras para la inclusión”.

El Escenario Judicial y los Enfrentamientos Políticos

El ajuste a las pensiones por discapacidad no es algo nuevo. Ya en el gobierno de Mauricio Macri, las organizaciones presentaron un amparo judicial contra un intento similar de recorte, que obligó al Estado a restituir gran parte de las pensiones eliminadas. Sin embargo, el nuevo ajuste de Milei se encuentra bajo constante amenaza de ser judicializado, mientras que el gobierno ya ha tomado medidas preventivas, denunciando a las gestiones anteriores por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Un detalle curioso en esta disputa legal es que entre las pruebas presentadas en la denuncia del gobierno figura una radiografía de la columna de un perro, que según los funcionarios, se había utilizado para certificar una discapacidad falsa. Esta evidencia ha sido desmentida por los propios médicos del organismo, dejando en evidencia las irregularidades del proceso.

Un Futuro Incierto

Mientras la batalla judicial continúa, la incertidumbre se mantiene para miles de personas con discapacidad en el país. El ajuste en las pensiones, las nuevas barreras burocráticas y las reformas regresivas apuntan a un futuro donde la calidad de vida de las personas con discapacidad podría verse severamente afectada. En este contexto, organizaciones como ASDRA y REDI continúan luchando por defender los derechos de este sector de la población, que no solo necesita pensiones económicas, sino también el reconocimiento de su derecho a una vida digna y autónoma.

El ajuste a las pensiones por discapacidad no es solo una cuestión económica, sino también un tema de derechos humanos. En medio de las promesas de “reformas” y “auditorías”, los más vulnerables siguen siendo los grandes sacrificados en un sistema que, más que controlar, debería garantizar su inclusión y bienestar.