Domingo 5 de Abril de 2026

Afiliados | 05 de abril

Golpe al bolsillo pero postergan ajustes

El Gobierno titubea a la hora de aplicar aumentos tarifarios que saben que las familias no podrán pagar, o al menos no sin un gran esfuerzo. Temen que trepe el descontento social pues los nuevos incrementos tendrían un gran impacto sobre los ingresos por la estacionalidad, ya que junio y julio son los meses con más consumo tanto de gas como de electricidad por temperaturas frías. Aun así, mes a mes las tarifas suben acompañando la inflación y no los presupuestos familiares. Es cada vez es más costoso cumplir con todos los pagos para mantener las condiciones de vida, la recesión es también ese achicarse en el día a día de los hogares para poder pagar.

 

Las asociaciones de defensa del consumidor, una vez más como en el macrismo, reciben las preocupaciones de usuarios de distintos puntos del país con el mismo dilema, “si pago la luz no me va a alcanzar para comer” dice Leticia que vive en González Catán, partido de La Matanza, y recibió en julio una factura por 100.000 pesos de luz mientras el mes anterior había pagado 30.000 pesos. Leticia es jubilada y cobra la mínima, esto es poco menos de 300.000 pesos a cobrar en el mes de agosto junto con el bono. Claramente no va alcanzar para comer, para pagar gastos de salud u otros servicios.

 

Muy pocos usuarios van a poder pagar los servicios públicos sin dificultades, advierten desde las asociaciones de defensa del consumidor como la Unión de Usuarios y Consumidores de Argentina, que viene realizando campañas en distintos puntos del país informando a la gente sobre la necesidad de inscribirse para mantener los subsidios. “Salvo algunos hogares en donde viven pocas personas, el resto va a tener que achicar consumo para poder seguir pagando las tarifas”. Una alternativa que parece poco sensata aunque no en el país de Javier Milei, un país que es solo viable si se achica.

 

Graciela también se acercó al Centro de Jubilados de González Catán en un encuentro organizado por la Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), es jubilada y discapacitada y pasó de pagar 2.500 pesos de gas en enero a 23.500 pesos en la última factura. “O tengo que comer o tengo que pagar las tarifas”, dice porque claro que además de la luz y el gas debe pagar otros impuestos, medicamentos y la atención en salud que es muy importante. Ella vive sola pero la jubilación ya no alcanza para mantener los gastos.

 

El Gobierno suspendió el aumento de las tarifas de luz y gas programado para julio ¿para no quebrar a las familias? y ante el impacto que tendrían las tarifas sobre la inflación en temporada de invierno. El monto facturado en julio toma apenas el consumo de la primera quincena de junio, pero en agosto el impacto del consumo energético para calefaccionar es pleno. Para quienes siguen estos temas de cerca, “la hoja de ruta del Gobierno es caótica, no se advierte a dónde quieren ir, van pateando aumentos para más adelante”.

 

Mariano Lovelli, miembro fundador del Centro de Estudios para la Igualdad y las Solidaridad (Cepis), según las primeras audiencias públicas organizadas por la Secretaría de Energía en enero “la meta del programa tarifario era sextuplicar el precio de los servicios públicos”. Con las subas aplicadas hasta el momento, el valor de las tarifas llegó a triplicarse, de modo que el proceso “no terminó –afirma- y el costo recaerá especialmente sobre la clase media”.

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