A pocos días de que el Gobierno vuelva a insistir en el Congreso con una reforma laboral bajo el argumento de “generar empleo”, comienzan a conocerse los resultados de la flexibilización incluida en la Ley Bases, que a más de un año de su aplicación muestra cifras muy por debajo de lo esperado.

La Ley 27.742 incorporó la figura del Trabajador Independiente con Colaboradores, un esquema pensado para que personas con emprendimientos productivos pudieran sumar hasta tres colaboradores sin necesidad de formalizarlos como empleados. La administración libertaria lo presentó entonces como una herramienta para dinamizar el mercado laboral y fomentar nuevas actividades.

El régimen exigía que las partes declararan la relación ante la autoridad fiscal y realizaran un aporte mensual que integrara jubilación, obra social y riesgos del trabajo. Sin embargo, el impacto fue mínimo: el Padrón de Trabajadores Independientes con Colaboradores (PADIC), administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), contabiliza solo 11.707 inscripciones desde su creación.

Los datos, publicados por Infobae, profundizan la evaluación negativa de la política y se suman al escaso rendimiento del blanqueo laboral que también formó parte de la Ley Bases a través del Régimen de Promoción del Empleo Registrado. El programa condonaba multas y deudas previsionales para empleadores con personal no registrado, pero durante los tres meses que estuvo vigente apenas 1.950 empresas iniciaron el trámite para regularizar a 16.703 trabajadores, lo que representa alrededor del 0,3% de los asalariados no registrados en el país.

Mientras estos mecanismos mostraban resultados marginales, el mercado laboral formal profundizaba su deterioro. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, según estadísticas oficiales, se perdieron 276.000 empleos registrados y cerraron en promedio casi 30 empresas por día, con la industria entre los sectores más afectados. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) también registra una fuerte caída: más de 220.000 puestos formales menos y la desaparición de 15.000 empleadores en apenas 18 meses, particularmente en la construcción y el transporte.

La combinación de baja adhesión al nuevo régimen, escaso efecto del blanqueo y destrucción de empleo arroja un saldo adverso para las políticas laborales impulsadas por el Gobierno. A pesar de ello, la Casa Rosada vuelve a poner sobre la mesa una segunda reforma, en un contexto en el que los resultados de la primera flexibilización siguen generando cuestionamientos tanto en sindicatos como en distintos espacios técnicos y académicos.